La regularización de inmigrantes en Canarias se ha consolidado como un procedimiento administrativo de gran relevancia para el año 2026, impulsado por un mecanismo extraordinario diseñado para atender a miles de personas en situación irregular. Este sistema integra diversas vías de gestión, siendo la red de oficinas de Correos el canal más destacado y accesible para la presentación de solicitudes. En el archipiélago, más de veinte oficinas han sido habilitadas, distribuidas estratégicamente entre las dos provincias, garantizando la cobertura incluso en islas no capitalinas.
En la provincia de Las Palmas, los puntos de atención se localizan en municipios clave como Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Vecindario y Maspalomas, extendiéndose también a Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife cuenta con cobertura en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Los Cristianos, Adeje, San Isidro y El Médano, además de las capitales insulares de San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de La Palma y Valverde (El Hierro). Esta amplia distribución convierte a Correos en la opción más conveniente para la mayoría de los solicitantes, especialmente para aquellos que residen fuera de las grandes ciudades.
Además de la red de Correos, las oficinas de Extranjería continúan siendo el canal oficial para la tramitación de expedientes de regularización. En Canarias, existen dos oficinas principales, una en cada provincia. A diferencia de Correos, estas oficinas suelen requerir cita previa, lo que puede prolongar el acceso, pero a su vez permite una atención más especializada para casos complejos o incidencias en la documentación.
El sistema también ofrece alternativas para descongestionar la atención presencial, como la tramitación online a través de plataformas digitales estatales, que permite iniciar el proceso de manera cómoda y sencilla sin necesidad de acudir físicamente. Asimismo, los registros de administraciones públicas y organismos como la Seguridad Social están habilitados para la presentación de solicitudes. Las ONG y entidades colaboradoras también juegan un papel crucial, ofreciendo asesoramiento y apoyo a los migrantes. Estas opciones son particularmente útiles para quienes poseen certificado digital o requieren orientación antes de formalizar su solicitud.
Las autoridades insisten en que no es obligatorio contratar abogados o gestores, salvo en situaciones específicas y se recomienda acudir a fuentes oficiales o entidades reconocidas para evitar caer en fraudes.
Es fundamental destacar la advertencia de las autoridades sobre prácticas abusivas, donde intermediarios cobran sumas elevadas por gestiones que a menudo son gratuitas o de bajo coste. Por ello, se enfatiza que no es imprescindible contratar abogados o gestores, salvo en circunstancias muy concretas, y se aconseja recurrir siempre a fuentes oficiales o entidades reconocidas para prevenir posibles fraudes.
