Esta decisión, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, responde a la necesidad de dotar a la comunidad autónoma de una herramienta normativa propia, actualizada y sistemática. El objetivo es desarrollar la legislación estatal en materia de biodiversidad y recursos naturales, adaptándola a las particularidades del territorio canario.

El reinicio del procedimiento permite aprovechar el trabajo técnico y jurídico ya realizado en fases previas, así como el conocimiento acumulado durante la tramitación inicial. Sin embargo, el nuevo texto incorpora modificaciones significativas para asegurar su solidez jurídica y su adecuación al marco competencial vigente.

El anteproyecto revisado ha tenido en cuenta las observaciones del Consejo Consultivo, que había señalado deficiencias en la técnica normativa, posibles solapamientos con la legislación básica estatal y riesgos de inseguridad jurídica. Tras este análisis, se ha elaborado un documento que refuerza su coherencia, mejora su estructura y evita duplicidades.

La futura ley permitirá a Canarias disponer por primera vez de una normativa propia que integre y ordene los instrumentos de planificación, conservación y gestión de la biodiversidad, actualmente dispersos en diversas disposiciones. Además, adaptará la regulación a las singularidades del territorio insular, caracterizado por su alta biodiversidad, elevado grado de endemicidad y fragilidad de sus ecosistemas.

Entre sus contenidos, el anteproyecto incluye la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros, en línea con las competencias asumidas por la comunidad autónoma. También integra los distintos sistemas de conocimiento científico y seguimiento ambiental existentes en Canarias, y establece un marco común para la planificación, conservación de especies y hábitats, y la gestión sostenible de los recursos naturales.

El texto también regula los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas, organiza los instrumentos de intervención y refuerza las herramientas para la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural. Con este acuerdo, el anteproyecto inicia nuevamente su tramitación administrativa, que incluirá informes, consultas y fases de participación pública antes de su aprobación definitiva.