Estos fondos, parte de los 179,8 millones distribuidos entre las comunidades autónomas, se destinarán a la prevención, protección y atención integral de las víctimas. La consejera canaria Candelaria Delgado enfatizó la necesidad de incrementar el presupuesto en esta área, dada la elevada tasa de incidencia de violencia de género en el archipiélago.
“"Canarias es una de las comunidades con mayor tasa de incidencia de la violencia de género en relación a su población femenina."
Según datos judiciales de 2025, Canarias ocupa el cuarto lugar a nivel estatal en tasa de víctimas, superada únicamente por Baleares, Navarra y Valencia, según un comunicado de la Consejería de Bienestar Social. De la cantidad total, 9,2 millones de euros provienen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en el año anterior financió 50 proyectos gestionados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), Justicia, Juventud y Educación.
Adicionalmente, Canarias recibirá 396.809 euros para la asistencia social integral de mujeres y menores, 61.331 euros para programas de apoyo a víctimas de agresiones sexuales y 30.584 euros para la prevención de abusos a menores tuteladas. La consejera Delgado subrayó la gravedad del problema, mencionando el número de mujeres asesinadas y las alertas diarias a los servicios de emergencia.
“"La violencia de género es un problema de extrema gravedad y para comprobarlo solo es necesario ver los datos, el más estremecedor, el número de mujeres asesinadas, pero también el número de alertas que reciben los servicios de emergencia a diario, el número de denuncias que se registran en los juzgados de violencia de género y la certeza de que sólo se denuncia un 75% de los casos."
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) del Ministerio del Interior registra 6.532 casos activos de mujeres víctimas en Canarias bajo vigilancia por riesgo de agresión, la mitad de ellas con menores a su cargo. El Ministerio de Igualdad reafirmó su compromiso económico para garantizar la estabilidad y permanencia de las políticas públicas derivadas del Pacto de Estado, buscando una respuesta integral y coordinada de todas las instituciones.
