La normativa, que deberá ser convalidada por el Parlamento de Canarias, adapta las disposiciones estatales del Real Decreto-ley 7/2026 a la especificidad del régimen fiscal canario. El objetivo es fortalecer el escudo socioeconómico en una región ultraperiférica, especialmente vulnerable a las fluctuaciones económicas globales.
El paquete de actuaciones se estima en un coste inicial de 29,8 millones de euros, cifra que podría ascender a 60 millones de euros anuales si la crisis se prolonga. Esta aprobación responde a la escalada del conflicto y su repercusión directa en los precios de la energía, los combustibles, el transporte y los bienes esenciales, afectando de manera significativa a sectores clave como el transporte, el turismo, el sector primario y la industria.
Entre las medidas fiscales, se establece la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a productos energéticos como combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña, con un coste estimado de 14,1 millones de euros anuales. Además, se incrementa hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, lo que representa un desembolso de 19,4 millones de euros anuales.
Para apoyar a las familias, el decreto amplía la cesta de productos básicos con IGIC cero, incluyendo ahora la sal, la mantequilla y el café, con un impacto económico de 3,2 millones de euros anuales. Asimismo, se eleva a 50.000 euros el límite de facturación anual para que los autónomos puedan acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, reduciendo cargas fiscales y administrativas, con un coste de 12,5 millones de euros para el año en curso.
El decreto ley también contempla una partida extraordinaria de 7,2 millones de euros para el sector industrial y primario canario, destinada a compensar el aumento de los costes energéticos y de producción. El Gobierno de Canarias enfatiza que esta normativa permite una respuesta inmediata y adaptada a las particularidades del archipiélago, asegurando la efectividad de las ayudas en un escenario de gran incertidumbre internacional.
El Gobierno de Canarias subraya que este decreto ley permite dar una respuesta inmediata y adaptada a las singularidades del archipiélago, garantizando la eficacia de las medidas de apoyo en un contexto de elevada incertidumbre internacional.
Finalmente, el ejecutivo autonómico insiste en la necesidad de que futuras medidas estatales incorporen una “cláusula canaria” que permita ajustar las políticas públicas a las condiciones específicas de las islas.
