Una parte significativa de las cooperativas en Canarias, concretamente más del 65%, se encuentra en riesgo de disolución debido a su inactividad legal. Esta situación ha llevado al Parlamento de Canarias a aprobar en enero una ampliación del plazo para que estas sociedades adapten sus estatutos a la Ley 4/2022. La fecha límite, inicialmente fijada para el 10 de enero de 2026, se ha pospuesto hasta el 10 de enero de 2027, ofreciendo un margen adicional para cumplir con la normativa.
“"Muchas cooperativas habían presentado su iniciativa, pero debido a problemas de sobrecarga administrativa, el registro de sociedades cooperativas de Canarias no había podido autorizar esas adaptaciones."
La decisión de extender el plazo surge de la incapacidad de la Administración pública para gestionar a tiempo la tramitación de los expedientes. Según datos de la Consejería de Turismo y Empleo de Canarias, si no se hubiera modificado la normativa, casi el 65% de las cooperativas se habrían enfrentado a la disolución y liquidación. La modificación se centra en el apartado primero de la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias, que ahora otorga a las cooperativas constituidas antes de 2023 hasta el 10 de enero de 2027 para adaptar sus estatutos.
La situación de inactividad legal es alarmante en ambas provincias. En Las Palmas, de las 961 cooperativas registradas, 715 (un 74,40%) están inactivas. Esto significa que aproximadamente tres de cada cuatro cooperativas provinciales corren el riesgo de ser disueltas. En Santa Cruz de Tenerife, de las 628 sociedades cooperativas inscritas, 540 (un 86%) se encuentran en la misma situación. A nivel autonómico, de las 336 cooperativas, 218 (un 65%) están inactivas registralmente.
En contraste, el número de cooperativas activas en la Comunidad Autónoma de Canarias asciende a 118. Desglosado por provincias, Santa Cruz de Tenerife cuenta con 88 cooperativas activas y Las Palmas con 246. Estas sociedades operan en diversos sectores productivos, desde la agricultura y el transporte hasta la enseñanza, el trabajo asociado y la vivienda. Una cooperativa se considera inactiva legalmente cuando lleva más de diez años sin cumplir con sus obligaciones registrales, como la legalización de libros o la presentación de cuentas anuales.
