La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, se inició el 7 de julio de 2023 tras la denuncia de una empresa del sector que detectó contratos formalizados sin el consentimiento de los titulares.

Las pesquisas policiales revelaron un total de 239 contratos fraudulentos, elaborados con documentación personal de terceros, incluyendo DNI y certificados bancarios, algunos de ellos manipulados o falsificados. En algunos casos, se llegaron a registrar hasta 36 contratos a nombre de una misma persona, lo que subraya la magnitud del fraude.

El detenido, que trabajaba como agente comercial en el sur de la isla, ofrecía supuestos descuentos para obtener datos personales y bancarios de las víctimas. Con esta información, generaba líneas telefónicas, realizaba portabilidades y financiaba la compra de productos como dispositivos electrónicos de alta gama, pequeños electrodomésticos y vehículos de movilidad personal.

Estos productos eran entregados al propio arrestado o a su entorno, quienes los vendían en canales no oficiales para obtener beneficios económicos. Para consumar el engaño, en ocasiones se hacían pasar por las víctimas para recibir los productos o formalizar los contratos, llegando incluso a falsificar firmas.

Además del principal detenido, la investigación ha implicado a otras tres personas —un hombre y dos mujeres— por su presunta colaboración en la ejecución de las estafas o en la recepción y venta de los productos ilícitamente obtenidos. El caso sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones.