La institución insular considera que la decisión judicial es "desproporcionada y superficial", y que atenta directamente contra el desarrollo social y económico de la isla. Además, se percibe como un ataque a la potestad planificadora de los cabildos.
La nulidad del instrumento de ordenación se basa en el argumento de que su tramitación se adaptó a una normativa regional que, en el momento de su aprobación definitiva, ya había sido derogada. Específicamente, se refiere a la Ley 4/2017 de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.
“"Es absolutamente incierto que la Ley de Directrices esté derogada. Eso es falso, como es falso que eso vacíe de contenido al PIO, dado que siguen en vigor las treinta directrices turísticas y dos en suelo rústico, además de distintas leyes ambientales, urbanísticas y sectoriales."
Asimismo, se recuerda que la propia Administración Autonómica establece el derecho de opción a continuar con la legislación anterior y que "solo se suprimiría lo que fuera contra la Ley 4/2017", enfatizando que "no hay absolutamente nada que la contradiga" en el PIO.
Ante esta situación, el Cabildo ha manifestado su intención de acudir al Tribunal Supremo y al TSJC en casación, así como al Tribunal Constitucional. También se analizará la viabilidad de recurrir a los tribunales europeos para defender la validez del plan.
