La urgencia de la transición energética, lejos de ser una cuestión meramente ideológica, se fundamenta en la inestabilidad geopolítica y los riesgos inherentes a un sistema energético dependiente de combustibles fósiles. Organismos internacionales y la comunidad científica han alertado durante décadas sobre esta problemática, aunque el progreso hacia un modelo más limpio aún es insuficiente frente a la magnitud del desafío global.
El impacto más evidente del modelo energético actual es el calentamiento global, con un aumento de 1,1 °C en la temperatura media global desde la era preindustrial, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Esto ha intensificado fenómenos extremos como olas de calor, incendios y sequías. Además, la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación atmosférica, en gran parte derivada de la quema de fósiles, causa cerca de siete millones de muertes anuales, evidenciando una crisis de salud pública global.
La dependencia de recursos concentrados en regiones inestables ha generado fragilidad estructural, como se vio en Europa tras la invasión de Ucrania en 2022, cuando el precio del gas se multiplicó. Recientemente, las tensiones en Oriente Medio, incluyendo la guerra de Irán, han disparado los precios del barril de Brent por encima de los 100 dólares, impactando la inflación y la seguridad energética. Ante esta situación, Europa ha lanzado un plan de diez puntos para reducir la demanda.
“"La guerra de Irán ya es la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética."
En este contexto, las energías renovables como la solar, eólica e hidráulica se presentan como una estrategia de soberanía y estabilidad. Son recursos autóctonos, abundantes y cada vez más competitivos; el coste de la electricidad solar fotovoltaica ha caído un 85 % desde 2010, y la eólica terrestre un 55 %, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). El sector emplea a más de 13 millones de personas globalmente, con proyecciones de duplicarse.
A pesar de los avances, el despliegue no cumple los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 °C. En Canarias, la ultraderecha ha propuesto la instalación de pequeñas plantas nucleares en el mar, aunque responsables internacionales como Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, insisten en la urgencia de acelerar la transición energética.
“"Cada crisis es un recordatorio de que la dependencia de los combustibles fósiles no solo es insostenible desde el punto de vista climático, sino también peligrosa desde una perspectiva geopolítica."
La transición debe ser rápida y estructural, abarcando transporte, industria y consumo, con electrificación verde, almacenamiento con baterías, hidrógeno verde y eficiencia energética. Es crucial garantizar una transición justa e inclusiva, distribuyendo los beneficios de las nuevas tecnologías equitativamente. El Fondo Monetario Internacional estima que una transición acelerada podría generar millones de empleos y favorecer el crecimiento global.
En España, la alta penetración de renovables ha permitido afrontar mejor la crisis energética que otros países europeos, conteniendo los precios de la electricidad. El Real Decreto-ley 7/2026 amplía el autoconsumo compartido y ofrece deducciones fiscales, movilizando 2.000 millones de euros para la industria limpia y fijando el objetivo de 16.000 MW en almacenamiento por baterías. En abril de 2025, se logró cubrir el 100% de la demanda peninsular con fuentes limpias.
Sin embargo, se destaca la demora en la implementación de la eólica marina en Gran Canaria, un paso crucial para la soberanía energética de la isla, junto con proyectos como Salto de Chira y su ampliación a Las Niñas, la geotermia y un nuevo concurso para un sistema flexible y de almacenamiento.
