Este conflicto se suma a una serie de litigios similares que han surgido en la isla. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado 15 de abril un emplazamiento para posibles interesados en el procedimiento ordinario 188/2026, que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Este anuncio, emitido a petición del juzgado, establece un plazo de nueve días para que entidades con interés legítimo, como asociaciones de taxistas u otros operadores, puedan personarse en la causa.

El origen de esta disputa se remonta a una resolución de junio de 2023 de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, dirigida por Teodoro Sosa, que rechazó la concesión masiva de autorizaciones solicitadas por varias empresas. La decisión del Cabildo se basó en la normativa autonómica, que fijaba un límite de una autorización VTC por cada 30 licencias de taxi, con el fin de mantener el equilibrio en el mercado. En ese momento, el cupo máximo era de 102 autorizaciones VTC, ya cubiertas, frente a 2.656 licencias de taxi.

Sin embargo, el marco normativo ha experimentado cambios significativos. Tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2024, que anuló la limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis, el Gobierno de Canarias modificó la ley mediante un decreto. Este introdujo criterios ambientales, de sostenibilidad y gestión del tráfico como requisitos para nuevas licencias, dejando su aplicación en manos de los cabildos. Además, en junio de 2025, el Parlamento prorrogó por un año la moratoria en la concesión de autorizaciones, con 9.000 solicitudes pendientes en el archipiélago.

En paralelo, el Tribunal Supremo admitió a trámite en junio del año pasado un recurso del Cabildo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le obligaba a tramitar diez licencias VTC, cuestionando la interpretación de la ratio. El consejero Teodoro Sosa ha manifestado en varias ocasiones que la prioridad institucional es proteger al sector del taxi, rechazando numerosas solicitudes para frenar la expansión del sector VTC. Fuentes del área señalan que la Ley 04/2025 de Ordenación del Transporte del Gobierno de Canarias mantiene actualmente una suspensión de licencias tanto para VTC como para taxis.

El nuevo recurso de Miurchi Car intensifica la presión sobre el modelo actual, ya que las 1.200 licencias en disputa multiplicarían por más de diez el número de VTC existentes en la isla, alterando sustancialmente la oferta de transporte. Este caso se suma a al menos otros siete recursos presentados por empresas en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria hasta 2024, impugnando la negativa del Cabildo a conceder más autorizaciones.