Esta decisión, tomada en sesión plenaria, marca el inicio del procedimiento para adjudicar un contrato fundamental que busca asegurar la seguridad y funcionalidad de la red viaria de la isla. El presupuesto base de licitación asciende a 16.377.825,83 euros, destinado a la conservación ordinaria y la vialidad de las carreteras de titularidad insular.
“"Se trata de una inversión estratégica para La Gomera, porque nos permite garantizar unas carreteras en condiciones óptimas de seguridad y dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y de quienes visitan la isla."
El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de ser prorrogado hasta un máximo de cinco años. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo, enfatizó la relevancia de esta medida, destacando su papel en la mejora de la seguridad y la respuesta a las necesidades de movilidad tanto de los residentes como de los visitantes de La Gomera.
Este nuevo contrato dará continuidad al servicio actual, cuya prórroga finaliza en agosto de 2026. Curbelo señaló que la planificación actual está más alineada con la realidad económica y las necesidades del servicio, incorporando mejoras para aumentar su eficacia. El servicio incluirá labores continuas de mantenimiento, conservación, limpieza, señalización y atención a incidencias en la red viaria, garantizando la circulación adecuada durante todo el año.
Estas tareas abarcarán desde la retirada de desprendimientos y la limpieza de márgenes hasta la reposición de elementos deteriorados y las intervenciones puntuales para la seguridad vial. La contratación de este servicio es crucial debido a la insuficiencia de medios propios para mantener integralmente los más de 200 kilómetros de carreteras de la isla, especialmente ante emergencias o imprevistos.
“"Estamos hablando de un servicio esencial que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y que es fundamental para la cohesión territorial y el desarrollo económico de La Gomera."
Con la aprobación plenaria, el Cabildo iniciará el proceso de licitación mediante un procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, lo que permitirá seleccionar la oferta más adecuada según criterios técnicos y económicos, mejorando así la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.
