El sindicato atribuye esta situación a la escasez de personal estructural y al uso de "parches temporales" que no resuelven el problema de fondo. Esta deficiencia impacta directamente en la agilidad de los procedimientos judiciales, dejando a muchas personas en un limbo legal.
Mientras el servicio público opera con una plantilla reducida a la mitad, la Administración ha optado por la externalización de servicios. Según la organización sindical, se han destinado 263.075,65 euros a la contratación de informes privados en Tenerife para el periodo 2024-2025.
Con el coste de apenas doce de estos informes se sufragaría el salario anual de un empleado público, cuyo volumen de trabajo sería superior al de las consultoras externas.
La Resolución 490/2026 detalla que se han abonado 75 informes a la empresa Godoy Consultores y Auditores SL, con un coste medio de 3.507,67 euros por cada uno. Intersindical Canaria critica que esta inversión podría cubrir el salario anual de un empleado público, quien además gestionaría un volumen de trabajo superior al de las consultoras externas.
La falta de especialistas tiene consecuencias graves en áreas sensibles como la Violencia de Género, donde el déficit en la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF) dificulta la protección de mujeres e hijos. En el ámbito familiar, la parálisis técnica puede prolongar la separación de menores de sus familias. Además, en procedimientos penales, la carencia de expertos puede llevar a la prescripción de delitos, y en la Justicia Juvenil, el retraso favorece la reincidencia.
El sindicato denuncia que la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima es "papel mojado" en las islas, ya que el acompañamiento especializado ha sido reemplazado por oficinas de información virtuales que no ofrecen el asesoramiento integral requerido. Esta situación se agrava en un momento de alta presión migratoria, con la Administración ignorando las advertencias de la Fiscalía y manteniendo vacantes crónicas en áreas sociales y psicológicas.
Ante este "abandono sistemático", los profesionales del IMLCF exigen estabilidad laboral, un plan de formación específico para el área forense y la autorización de formación externa con el abono de dietas, para asegurar una atención de calidad a colectivos vulnerables como menores y personas con discapacidad.
