La Cámara ha tramitado una norma que tiene su origen en un anteproyecto acordado con las patronales y los sindicatos durante la legislatura pasada, pero que no pudo avanzar debido a la convocatoria de elecciones. Este consenso inicial ha sido clave para su actual aprobación.
A pesar de la confrontación política habitual, la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han logrado un amplio acuerdo para sacar adelante esta iniciativa socialmente relevante. El texto fue tomado en consideración en septiembre y busca situar la conciliación en el centro de las políticas públicas, dejando de ser una cuestión privada.
“"En la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial se aprobó con las patronales y las centrales sindicales un anteproyecto al final de la legislatura que no se pudo tramitar al convocarse las elecciones."
La ley incorpora medidas dirigidas tanto a las administraciones públicas como al sector privado. En el ámbito público, se prevé un plan autonómico y estrategias locales, además de integrar criterios de conciliación en la contratación y las subvenciones. Para las empresas, se buscan incentivos que promuevan la flexibilidad laboral y contribuyan a cerrar la brecha salarial.
El proceso de tramitación se extendió para fortalecer el consenso político y social, incluyendo sugerencias de patronales y sindicatos, así como apreciaciones del Consejo Consultivo. La formación Vox presentó enmiendas que proponían sustituir conceptos como "perspectiva de género" por "perspectiva de familia" y "brecha salarial de género" por "brecha maternal", además de introducir el criterio de "prioridad nacional".
La norma amplía su alcance más allá del ámbito laboral, abarcando la educación, la atención a la infancia y los servicios sociales, con la visión de que la conciliación es parte de una organización global de los cuidados. Se estima una base presupuestaria de al menos el 0,2% de los presupuestos regionales, unos 25 millones de euros sobre las cuentas de 2026, y se insta a las corporaciones locales a desarrollar sus propios planes.
Para asegurar su efectividad, el texto contempla la creación de una comisión de seguimiento que evaluará su aplicación e impacto. Se espera que la ley sea aprobada definitivamente en el periodo otoñal de sesiones, convirtiendo a Canarias en una de las pocas comunidades autónomas con una regulación específica en esta materia, junto a Castilla y León y Baleares.
