La situación de la sanidad en las cárceles de Canarias ha trascendido los muros penitenciarios, generando una movilización cívica que denuncia lo que considera un abandono estructural. Diversas asociaciones, junto a profesionales del sector sanitario y sindicatos, instan al Gobierno de Canarias a asumir las transferencias de la sanidad en los centros penitenciarios, subrayando la urgencia de esta medida.

Esta demanda no es reciente. La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud estableció que, en un plazo de 18 meses, la atención sanitaria a las personas privadas de libertad debía integrarse en los sistemas de salud autonómicos. El objetivo era asegurar una asistencia equivalente a la del resto de la población. Sin embargo, más de dos décadas después, solo Cataluña, Navarra y el País Vasco han implementado estas competencias.

La falta de acuerdo sobre el coste de este traspaso ha provocado que el Ministerio del Interior continúe gestionando la sanidad en la mayoría de las prisiones, recurriendo incluso a la sanidad privada debido a la escasez de personal. Las vacantes no se cubren porque los salarios de los médicos penitenciarios son significativamente inferiores a los de sus colegas en la sanidad pública, lo que hace que estos puestos no sean atractivos, según indican las organizaciones sindicales.

El Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, en su artículo 151, contempla la posibilidad de que la comunidad autónoma asuma competencias en las prisiones. No obstante, las prioridades del Gobierno de Canarias se han centrado en otros ámbitos, como la cogestión de aeropuertos o el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal (REF), dejando de lado la sanidad penitenciaria. La asunción de estas competencias es un tema delicado, ya que las comunidades autónomas temen que el traspaso no venga acompañado de la financiación estatal necesaria.

Colectivos y sindicatos argumentan que este retraso tiene consecuencias directas en la atención sanitaria. Dos fallecimientos bajo custodia en Canarias —uno en Tenerife y otro en Gran Canaria— han sido el detonante para una reacción social que ha impulsado la creación de una plataforma cívica. Esta iniciativa, promovida por la Asociación Intercultural Orahan en Tenerife y la Asociación Rehoyando en Gran Canaria, busca recabar apoyos para exigir las transferencias.

Uno de los casos que ha generado alarma fue el de un interno de origen nigeriano que falleció en diciembre de 2025 en la prisión de Tenerife II. Según la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, el interno solicitó atención médica a finales de noviembre de 2025 por una fuerte congestión respiratoria, y su estado de salud empeoró progresivamente. La noche del 19 de diciembre de 2025, el interno activó la alarma de su celda sin recibir respuesta, lo que llevó a otros internos a pedir ayuda. La situación se repitió la noche siguiente, y en la mañana del 21 de diciembre de 2025, el interno fue trasladado al servicio médico, donde falleció. Fuentes penitenciarias, por su parte, indicaron que el interno no activó la alarma y que tenía una consulta externa programada para días posteriores, pero falleció antes de ser atendido.

En Gran Canaria, el caso de un interno ha llegado a los tribunales tras la denuncia de su familia. Según la Fiscalía, el 7 de noviembre de 2023 comenzó a sufrir dolores en el pecho compatibles con un infarto. Dos días después, tras ser atendido en la enfermería del centro penitenciario Las Palmas II (Juan Grande), fue devuelto a su módulo y posteriormente a una celda de aislamiento, donde fue hallado muerto el 9 de noviembre. Un informe médico atribuyó la causa a un infarto agudo de miocardio no tratado. El Ministerio Público ha solicitado cuatro años de prisión para el médico por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave profesional.

Estos dos fallecimientos han intensificado la petición de sindicatos y colectivos sociales para que el Gobierno de Canarias asuma las competencias en sanidad penitenciaria, tal como lo prevén la ley de 2003 y el Estatuto de Autonomía. Sindicatos como Tampm (Tu Abandono Me Puede Matar) y CCOO en prisiones denuncian que los internos no tienen los mismos derechos sanitarios que el resto de la población. En Tenerife II, la plantilla médica debería ser de ocho facultativos, pero solo hay tres para atender a unos 1.000 internos, reduciéndose a veces a dos por turno. En Las Palmas II (Juan Grande), con unos 900 internos, solo hay un médico que trabaja por telemedicina debido a su estado de salud.

La transferencia de competencias obligaría a la Consejería de Sanidad a dotar a las prisiones del personal presencial necesario y permitiría solucionar el “vacío” de información, ya que los expedientes del Servicio Canario de Salud no están vinculados a los de los centros penitenciarios. Esto facilitaría el cruce de datos, esencial para conocer las patologías crónicas o tratamientos psiquiátricos previos de los internos al ingresar, evitando diagnósticos desde cero.

Además, se evitaría la práctica de entregar a los internos toda la medicación de tres días los viernes, conocida como el “paquete del viernes”, lo que conlleva un alto riesgo de sobredosis o suicidio, especialmente para aquellos con adicciones o problemas de salud mental. Se estima que el 75% de los internos padece algún tipo de patología, principalmente de salud mental, drogodependencia o adicciones. La transferencia permitiría repartos diarios y un seguimiento médico adecuado.

La escasez de médicos en las cárceles también provoca el colapso de los hospitales públicos, ya que cualquier urgencia debe ser derivada. Los presos tienen prioridad de paso en urgencias, lo que paraliza la atención de otros ciudadanos y satura los servicios externos, según Tampm. Los defensores de la transferencia argumentan que no es una opción política, sino una obligación para garantizar la igualdad de derechos en la asistencia sanitaria.

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha trasladado la preocupación de los sindicatos al Ministerio del Interior para conocer sus planes. Aunque el Ministerio prevé cubrir las plazas vacantes de personal médico, el Gobierno regional no solicitará, por el momento, la transferencia de la sanidad penitenciaria al Estado.