El consejero de Política Territorial, Jesús Machín, informó en el Pleno de los avances en los instrumentos de ordenación territorial de Lanzarote y La Graciosa. El nuevo Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), desarrollado por Gesplan, ha superado seis fases y se prepara para una exposición pública de 45 días para recoger aportaciones ciudadanas y administrativas.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de actualizar el planeamiento para aportar seguridad jurídica, proteger espacios naturales y responder a las necesidades de la isla. El nuevo PIOT busca aumentar la protección ambiental del 42% al 60%, triplicar el suelo para el sector primario y ordenar más del 99% del litoral.
El consejero Machín recordó que el procedimiento anterior, iniciado hace más de 15 años y con un coste de más de 800.000 euros, quedó sin efecto en 2022, obligando a reiniciar el expediente. El Cabildo ha resuelto la situación contractual con el anterior equipo redactor, Ezquiaga.
En cuanto a planes específicos, el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria alcanza el 67% de tramitación. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Los Volcanes está completo al 100%, incluyendo la zonificación de El Golfo y el reconocimiento de asentamientos rurales. El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Los Volcanes está al 20%, y el del Archipiélago Chinijo al 67%.
También se abordaron los Planes de Modernización (PMM) de Playa Blanca y Costa Teguise, que inician su redacción para mejorar zonas de esparcimiento y abordar la situación del planeamiento. Respecto a la vivienda vacacional, se ha pasado de un máximo de 8.209 plazas a 6.300, y se han declarado caducadas más de 2.500.
Finalmente, el Cabildo trabaja en la regulación de la actividad de los buggies debido a las afecciones detectadas (ruido, polvo, deterioro de pistas). Se ha abierto consulta pública para una Ordenanza Provisional y se ha encargado un informe a un catedrático de la Universidad de La Laguna. Se plantea una paralización cautelar de la actividad.
