La medida responde a informes técnicos y ambientales que alertan sobre las afecciones de estas prácticas al paisaje, los ecosistemas, los caminos tradicionales y elementos del patrimonio cultural de Lanzarote. El objetivo es proteger los valores naturales y patrimoniales de un territorio limitado y frágil.
Esta actuación da continuidad a una consulta pública previa abierta en octubre para recabar la opinión de la ciudadanía y sectores afectados. La mayoría de las alegaciones recibidas se mostraron en contra de estas prácticas, que generan impactos como la compactación y erosión del suelo, la pérdida de tierra fértil, molestias a la fauna y contaminación acústica.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó la responsabilidad de la institución de actuar ante informes que alertan de afecciones que pueden comprometer la conservación de la isla. Por su parte, el consejero de Política Territorial, Jesús Machín Tavío, afirmó que la Administración debe actuar con prudencia y responsabilidad para evitar que estos impactos sigan produciéndose.
La ausencia de una red insular de recorridos autorizados ha favorecido la circulación de estos vehículos por caminos agrícolas y espacios de valor ambiental. El Cabildo estudia la elaboración de una Ordenanza Insular Provisional para establecer criterios homogéneos mientras se tramita el nuevo Plan Insular de Ordenación.
