La situación afecta a seis familias que aseguran haber sido engañadas por la antigua propietaria del inmueble. Según sus testimonios, continuaron pagando el alquiler en mano hasta 2021 sin saber que el edificio ya había sido embargado, lo que ha derivado en órdenes de desahucio y reclamaciones de deudas que ascienden a unos 7.000 euros por familia.
Tras descubrir el embargo, los residentes dejaron de abonar las mensualidades y acudieron a los tribunales. Aunque una sentencia inicial les permitió permanecer en las viviendas por un tiempo, la posterior entrada de la Sareb como titular de la propiedad ha reactivado los procesos de desalojo.
Los afectados afirman haber intentado negociar con la Sareb para regularizar su situación, proponiendo el pago de un alquiler y parte de la deuda acumulada, pero denuncian la falta de respuesta. Han llegado a crear un fondo común con sus ahorros para hacer frente a los pagos.
“"Queremos pagar y quedarnos, pero no nos dan opción."
La situación es crítica para varias familias, algunas con menores a su cargo y otras sin alternativa habitacional. Además, los residentes han señalado el mal estado del edificio, con problemas estructurales como humedades y falta de mantenimiento durante años. A pesar de tener electricidad, carecen de agua corriente y deben costear cubas semanales para llenar sus aljibes, criticando la ausencia de soluciones por parte de las administraciones públicas.
Mientras esperan nuevas decisiones judiciales, los desalojos están previstos de forma escalonada en las próximas semanas, y las familias insisten en buscar una salida negociada que les evite quedarse sin hogar.
