La magistrada Esperanza Ramírez, titular de la Plaza 2 de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, ha emitido una sentencia el pasado 31 de marzo que ratifica la situación irregular de 37 viviendas en la planta baja de la urbanización Monte Carrera. Estas edificaciones fueron levantadas sin la correspondiente licencia durante la pandemia de Covid-19. La resolución judicial, aunque no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un plazo de quince días, representa un revés para la empresa promotora, Carrera Ground Floor.
La licencia original para la construcción de Monte Carrera, concedida en marzo de 2005, autorizaba dos plantas por edificación. Sin embargo, la promotora construyó tres. Para evitar la demolición de la tercera planta, el Ayuntamiento de Mogán permitió su conversión en sótano mediante la construcción de muros perimetrales. En 2020, vecinos denunciaron obras en este sótano para habilitar las 37 viviendas, lo que llevó al Ayuntamiento a abrir un expediente y emitir una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística, firme desde enero de 2022.
La edificación pasa nuevamente a ser ilegal, por cuanto el número de alturas vuelve a ser superior al permitido.
La promotora Carrera Ground Floor argumentó que la infracción urbanística estaba prescrita, pero la jueza consideró probado que las obras se ejecutaron en 2020, basándose en testimonios de agentes de la Policía Local que sorprendieron a operarios trabajando en la zona. La sentencia también desestima el argumento de la empresa sobre la situación de “fuera de ordenación”, aclarando que al demoler los muros para crear las nuevas viviendas, la edificación vuelve a exceder el número de alturas permitidas.
Esta decisión judicial se produce poco después de que el gobierno de Mogán autorizara la tramitación de una iniciativa privada de Carrera Ground Floor para regularizar estas 37 viviendas. La propuesta, bajo la figura de un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), implica la cesión de 625 metros cuadrados al Ayuntamiento a cambio de un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados. Esta medida, que permitiría la amnistía de las viviendas ilegales, ha sido rechazada por la oposición (NC-Bc y PSOE) y la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club, quienes cuestionan la titularidad de los terrenos a ceder.
Informes de la arquitecta municipal, aunque favorables a la tramitación por su posible “impacto positivo”, advertían sobre la incidencia del proceso judicial en curso. Días antes de la sentencia, el empresario local Juan Manuel Pérez León presentó una denuncia solicitando la paralización cautelar del expediente de legalización, alegando que la operación “vulnera el principio de legalidad” y sienta un “precedente peligroso” para las irregularidades urbanísticas.
