A solo 24 horas de una crucial reunión bilateral entre Canarias y el Estado, que tendrá lugar en la sede de la Presidencia en Santa Cruz de Tenerife este viernes, 10 de abril, el PP ha intensificado la presión política. La formación conservadora ha llevado al Congreso una iniciativa para exigir la ampliación de los plazos de ejecución de estos fondos, equiparándolos a los que ya aplica el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
“"Esperamos que todos los diputados y senadores respalden una cuestión que no es politiquería estéril, sino que es de justicia."
El respaldo del PP, articulado desde su dirección en la calle Génova, fortalece la postura que el Gobierno de Canarias presentará en la mesa bilateral. El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ha subrayado la mayor complejidad técnica y logística de los proyectos energéticos en el archipiélago, lo que justifica la necesidad de ajustar los calendarios para asegurar su viabilidad.
“"Nos engañaron hace cuatro meses cuando nos dijeron que la Comisión Europea no permitía ampliar plazos nada más que a los proyectos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y las propias autoridades de la UE remitieron el miércoles una carta exigiendo al Estado que se siente a negociar con Canarias la prórroga."
Los populares denuncian un trato desigual, ya que el Estado ha extendido sus propios programas hasta 2028, mientras que las comunidades autónomas mantienen un límite que expira en mayo de 2026. Esta rigidez, advierten, podría resultar en la pérdida de inversiones y la paralización de proyectos clave, como la instalación de al menos 100 megavatios de nueva potencia renovable en el archipiélago.
La portavoz popular en la comisión mixta para la UE, Milagros Marcos, criticó la opacidad en la gestión de los fondos Next Generation, señalando que, a menos de cinco meses del plazo, solo se ha gastado el 36% sin claridad sobre su destino. La iniciativa del PP busca modificar la normativa estatal y solicitar a Bruselas mecanismos de flexibilidad específicos para regiones ultraperiféricas como Canarias.
