La organización ha señalado que la propuesta del Gobierno autonómico, impulsada por Coalición Canaria y el Partido Popular, busca movilizar viviendas vacías mediante incentivos a propietarios, pero sin introducir mecanismos de regulación del mercado.
“"Esta política no implica una bajada generalizada de los precios del alquiler al no introducir mecanismos de regulación del mercado y actuar de forma limitada y voluntaria sobre una parte del parque de viviendas."
Según el sindicato, la medida se basa en la incorporación voluntaria de inmuebles al mercado a cambio de reducciones de hasta el 30% sobre el precio actual. Sin embargo, consideran que este precio de referencia ya está “tensionado y al alza”, lo que resultaría en alquileres que, aunque reducidos, seguirían siendo inasumibles para gran parte de la población.
La organización ha puesto como ejemplo una vivienda de 80 metros cuadrados en Tenerife, cuyos precios actuales oscilan entre 950 y 1.200 euros mensuales. Con la reducción propuesta, los alquileres se situarían entre 660 y 840 euros, cifras que “siguen muy por encima de lo que amplias capas de la población pueden asumir”.
El sindicato ha reiterado la necesidad de implementar medidas estructurales como la declaración efectiva de zonas tensionadas para limitar los precios, la aplicación de medidas fiscales sobre la vivienda vacía en manos de grandes propietarios y el refuerzo del parque público de vivienda.
“"El acceso a la vivienda no puede depender de incentivos a la rentabilidad privada, y que es necesario un cambio de enfoque que priorice el derecho a la vivienda por encima de la lógica del mercado."
