Representantes empresariales de Las Palmas de Gran Canaria han manifestado su preocupación por el futuro de las inversiones en el archipiélago. Según sus estimaciones, al menos el 50% de los proyectos vinculados a la transición energética no podrán completarse si el plazo de ejecución de los Fondos Next Generation, previsto para finalizar el 31 de agosto de este año, no se extiende hasta 2028.

Esta situación podría acarrear la pérdida de unos 242 millones de euros en inversión para Canarias, lo que implicaría dejar de instalar aproximadamente 170 MW de energía renovable y 140 MWh de almacenamiento, capacidad suficiente para abastecer a miles de hogares. Aunque se valora la prórroga de un año solicitada por el Gobierno de España a la Comisión Europea, el sector la considera insuficiente.

La patronal argumenta que la brevedad del plazo inicial de ejecución y justificación ha sido el principal obstáculo. El último paquete de ayudas, lanzado en diciembre de 2025, exigía la finalización de proyectos para marzo de 2026, un periodo que se amplió hasta abril. Sin embargo, la complejidad técnica de muchos proyectos, la necesidad de suministro de materiales y la conexión con la red eléctrica hacen inviable su cumplimiento en tan poco tiempo.

El sector empresarial continuará instando al Gobierno de España a que interceda ante la Unión Europea, solicitando que se considere la singularidad de Canarias como territorio insular, con sus desventajas de lejanía e insularidad. La decisión final sobre la extensión de los fondos recae ahora en la Comisión Europea.

Los Fondos Next Generation son un instrumento temporal de recuperación de la Unión Europea, diseñados para mitigar los daños socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19, financiando proyectos de transición ecológica, digitalización, sostenibilidad y cohesión social.