Durante las intervenciones, uno de los aspirantes destacó la elevada litigiosidad en Canarias, señalando que la tasa de resolución, aunque superior a la media, impacta negativamente en los derechos ciudadanos y en la percepción del sistema judicial.
“"Trabajamos por y para las personas y propongo organizar un sistema de atención a las víctimas, a sanitarios agredidos en el ámbito autonómico."
Entre las medidas propuestas, se incluyó la unificación de criterios, la elaboración de normas a través de cursos de formación y la armonización de las normativas de reparto. También se planteó la adopción de iniciativas de sensibilización con los operadores jurídicos, como la creación de protocolos con los colegios de abogados para evitar suspensiones de vistas y la elaboración de una guía de buenas prácticas.
El candidato enfatizó la importancia de reuniones quincenales con los decanos de las islas capitalinas para fomentar un ambiente institucional de respeto y la búsqueda de la excelencia. Además, abogó por la mejora del sistema Atlante Web y propuso designar a Canarias como territorio piloto para la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. En materia de formación, sugirió aprovechar programas como Educar en Justicia para promover la igualdad y la creación de un curso de derecho del turismo específico para Canarias. Finalmente, en relación con la Ley de Eficiencia, propuso la asunción de un pacto de justicia en el archipiélago.
