El organismo público destina un ingreso anual a los ciudadanos que perciben una pensión contributiva y que tienen un contrato de arrendamiento con una antigüedad mínima de 180 días. Esta ayuda, gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), busca aliviar el gasto en vivienda de las personas mayores.
Según estimaciones del Imserso, cerca de medio millón de personas mayores de 65 años en España residen actualmente de alquiler. Ante esta situación, la Seguridad Social ha implementado esta medida para apoyar a los jubilados, especialmente a aquellos que reciben una pensión no contributiva.
La ayuda está dirigida principalmente a quienes cobran una pensión no contributiva de jubilación o invalidez. Para acceder a este ingreso anual extra de 525 euros, los solicitantes deben cumplir varios requisitos: tener reconocida una pensión de jubilación o incapacidad no contributiva, no poseer vivienda en propiedad, contar con un contrato de arrendamiento firmado, que la vivienda alquilada sea su residencia habitual (alquiler no inferior a un año), haber residido en ella al menos 180 días antes de la solicitud, y que el propietario no sea cónyuge ni pariente cercano, ni mantener una unión de convivencia con el arrendador.
Los datos de la Seguridad Social indican que este año se han tramitado 27.000 solicitudes, de las cuales se han concedido 22.000 ayudas, lo que supone un desembolso de 11.571.000 euros para las arcas públicas.
Una vez presentada toda la documentación requerida, el Imserso dispone de aproximadamente tres meses para evaluar la solicitud y notificar la concesión de la ayuda, que se recibe en un único pago.
