La propuesta, que se debate este miércoles en la Cámara Alta, busca establecer una moratoria que detenga las acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición impulsadas por el Gobierno. Estas medidas afectan a los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos en áreas costeras, una situación que se repite en gran parte del litoral canario.

La enmienda registrada especifica que, mientras el Congreso no considere la proposición legislativa aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024 para salvaguardar los núcleos costeros tradicionales con valor etnográfico, se debe acordar una moratoria inmediata de todos los procedimientos de deslinde en curso.

Esta acción del Partido Popular llega apenas una semana después de que la formación y el Partido Socialista Obrero Español unieran fuerzas en el Parlamento de Canarias para promover una reforma legislativa. Dicha reforma, defendida por una diputada conservadora, busca corregir una normativa que durante décadas ha generado inseguridad jurídica en numerosos núcleos tradicionales del archipiélago.

Con este movimiento, el PP pretende que la moratoria sea una medida urgente mientras avanza la reforma legal. El acuerdo alcanzado en Canarias con el PSOE, que contó con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, abre la puerta a que los dos principales partidos desbloqueen una modificación de la Ley de Costas, un tema que ha dividido a administraciones, vecinos y colectivos afectados durante años.