Seis meses después de la entrada en vigor de la ley canaria de alquiler vacacional, los datos oficiales y el registro de viviendas turísticas del Archipiélago confirman que la norma ha conseguido detener el aumento de este tipo de alojamientos. Sin embargo, esta contención no ha aliviado la intensa presión sobre la crisis de la vivienda que afecta a una parte considerable de la población.

"No ha pasado suficiente tiempo para notar el efecto de la regulación, pero la emergencia habitacional y la saturación persisten", señala Anne Striewe, miembro de la Fundación Canarina. Una opinión similar comparte Lidia Cruz, presidenta de la asociación vecinal Guanarteme se Mueve en Las Palmas de Gran Canaria, quien afirma: "Yo percibo lo mismo. No noto mejoría por ningún lado".

Las estadísticas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) reflejan un descenso de poco más de 1.100 viviendas vacacionales, pasando de 74.500 a 73.400 en el Registro General Turístico de Canarias. No obstante, las viviendas turísticas "disponibles" para reservar han aumentado de 42.367 en abril a 47.117 en diciembre.

Esta reducción era previsible, ya que la nueva ley exige a los ayuntamientos la aprobación de ordenanzas municipales para regular la vivienda turística. Hasta la fecha, solo Las Palmas de Gran Canaria, Pájara y Granadilla de Abona han cumplido este requisito, habiendo acordado sus planes antes de la entrada en vigor de la ley. Ningún otro consistorio ha seguido su ejemplo.

Fuentes de la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica Bueno (PP), han celebrado las primeras consecuencias de la ley, calificando el "efecto contención deseado" como un éxito, ya que los pisos turísticos "ya no crecen" en 85 de los 88 municipios canarios. La Consejería asegura estar "acompañando" a los ayuntamientos en la elaboración de sus ordenanzas.

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) está en negociaciones con el Gobierno regional y los grupos parlamentarios para introducir enmiendas que agilicen las licencias urbanísticas, buscando "clarificar y homogeneizar lo concerniente a actividades clasificadas", un punto clave de desacuerdo entre las entidades locales y el Ejecutivo autonómico.

Uno de los objetivos de la normativa es "contribuir a garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles", una meta que, según Aceysele Chacón, portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, aún se percibe lejana.

"No he notado ninguna mejora real en los precios del alquiler ni en la oferta de vivienda disponible para vivir", afirma Chacón, quien señala casos de personas que abandonan la isla por el aumento de los alquileres o por ser desalojadas.

El portal inmobiliario Idealista estima un aumento del alquiler del 54% desde 2019, mientras que Alquiler Seguro lo cifra en un 45%. Datos más antiguos del Ministerio de Vivienda apuntan a un incremento cercano al 30%.

Chacón considera que el estancamiento de los pisos turísticos "no se compara ni de cerca" con el "aumento descontrolado" previo y critica la falta de "actuación valiente" de los últimos gobiernos para frenar la situación.

El geógrafo Agustín Cocola, de la Universitat Rovira i Virgili, pide prudencia ante el descenso del alquiler vacacional, que también se observa en la península. "Más que una caída clara, lo que estamos viendo en muchos casos es una cierta estabilización tras años de fuerte crecimiento, y eso es bastante normal, esperable. En cualquier caso, esto no implica necesariamente una reducción significativa de la presión sobre el mercado de la vivienda", razona.

Cocola concluye que "el alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales" y que, aunque el crecimiento se frene, el volumen acumulado sigue siendo alto. "Hablaría más de una fase de ajuste que de un cambio de tendencia con efectos claros sobre el acceso a la vivienda".