La visita del Papa León XIV a España, marcada por un amplio despliegue de eventos, conciertos y merchandising, es analizada bajo la lupa de su capacidad para presentarse como una institución pacificadora en un contexto político convulso. Sin embargo, se subraya la necesidad de no eludir el legado de la Iglesia, que incluye casos de torturas, pederastia, terapias de conversión y robo de bebés. Se argumenta que defender los derechos de los migrantes o predicar contra la crispación no constituyen, por sí solos, una bandera de progreso, especialmente ante la persistencia de discursos deshumanizadores.
Se recuerda la naturaleza homófoba y machista de la institución, reafirmada durante la visita con la condena del aborto y la eutanasia. Las declaraciones del Papa en el Congreso de los Diputados, criticando derechos reconocidos en España, vacían de significado la defensa del derecho a la vida sin considerar la dignidad de la maternidad planificada, la libre elección sobre el propio cuerpo y el derecho a una muerte digna. La exigencia de dignidad también implica reconocer y reparar a las víctimas de torturas y permitir el acceso a archivos para los adultos que fueron bebés robados.
El discurso papal sobre unidad, hermandad y respeto se percibe insuficiente ante los casos de pederastia. Las declaraciones sobre estos abusos son calificadas de eufemísticas, sugiriendo un intento de salir del paso sin un compromiso real. Se enfatiza que estos actos no son meras «heridas» o «momentos de oscuridad», sino abuso y pederastia.
“"Hay víctimas como yo que hemos decidido denunciar públicamente los abusos que hemos sufrido porque queremos un cambio estructural y sistémico. No queremos solo buenas palabras, sino acciones contundentes. Con estos activistas el papa no se quiere reunir porque sabe que le haríamos preguntas muy incómodas que no quiere contestar."
El Defensor del Pueblo cifra en 440.000 las víctimas de violencia clerical en España, destacando que los abusos se han reproducido estructuralmente y han sido ocultados en lugar de castigados. Se contrasta esta omisión con el castigo que la Iglesia aplica a la unión de personas adultas y capaces de consentir. El encuentro privado del Papa con un grupo reducido de víctimas se considera insuficiente para reparar los daños y prevenir futuros abusos, como señalan las propias víctimas, quienes expresan su deseo de un cambio estructural y sistémico, más allá de las buenas palabras.
Se concluye que la Iglesia no busca una modificación profunda, sino una adaptación superficial a los nuevos tiempos, manteniendo sus cimientos. Históricamente, ha funcionado más como un organismo de control moral y de pensamiento que como un centro espiritual. La autora, atea, defiende la libertad religiosa como un asunto personal, argumentando que el criterio, el raciocinio y la responsabilidad ciudadana son suficientes para definir lo «bueno» o «moral», sin necesidad de recurrir a dogmas religiosos.
