La petición de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, para que el Gobierno de Canarias declare la capital como zona tensionada se topa con una postura contraria por parte del Ejecutivo regional. El área de Vivienda fundamenta su discrepancia en estudios propios que sugieren que la medida podría no ser efectiva para bajar los precios del alquiler e incluso ser contraproducente.
Darias había manifestado recientemente que «el Gobierno no quiere ver la posibilidad de rebajar el alquiler a las familias de Las Palmas de Gran Canaria». Desde la Consejería de Vivienda, sin embargo, evitan un enfrentamiento directo y recuerdan que aún está pendiente la entrega de información adicional solicitada al Ayuntamiento.
La oposición del Gobierno canario se apoya en informes como el del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. Según estos datos, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, la oferta de alquiler en la ciudad se ha reducido significativamente, pasando de 26.019 a 18.809 viviendas, mientras que el interés por cada inmueble se ha duplicado.
El Gobierno regional interpreta esta contracción del mercado como una reacción adversa a las normativas que implicaría la declaración de zona tensionada. Estiman que tampoco tendría una incidencia directa en los precios, que han pasado de rondar los 800 euros a situarse en torno a los 1.200 euros mensuales.
No obstante, informes con los que trabaja el Gobierno de Canarias sí alertan sobre el coste de la vivienda en la capital. Señalan que el ciudadano destina un 38,5% de sus ingresos al pago de la vivienda, superando el umbral del 35% considerado de riesgo.
Este escenario de posturas enfrentadas pone de manifiesto la falta de acuerdo entre ambas administraciones en políticas que requieren colaboración, como ya ocurre en otros proyectos urbanísticos y de infraestructuras.
