La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado sentencia contra Héctor de Armas, quien fuera administrador único de la empresa Seguridad Integral Canaria. La condena es de año y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Los hechos ocurrieron cuando De Armas ordenó al personal encargado de la custodia de dinero en las cajas fuertes de la compañía que le entregaran sumas de dinero, las cuales utilizó para gastos personales. Como parte de la sentencia, De Armas deberá indemnizar a seis entidades bancarias afectadas con la cantidad de 83.000 euros, monto del que se apropió.

Según los hechos probados, entre el 29 de enero de 2018 y el 26 de junio de 2018, Héctor de Armas dio instrucciones en siete ocasiones distintas al personal de las cámaras de seguridad de Seguridad Integral Canaria para que le entregaran efectivo. Mediante la firma de los resguardos correspondientes, recibió un total de 83.000 euros. Estos fondos pertenecían a diversas entidades bancarias como CaixaBank, Bankia, Cajasiete, BBVA, Banco Santander, Bankinter y Banco de Crédito Social Corporativo, que tenían contratada la custodia de sus depósitos con la empresa.

El tribunal también ha determinado que De Armas dispuso libremente de dicho importe y no lo devolvió, a pesar de que los empleados de Seguridad Integral Canaria, a través de quienes gestionó la retirada del dinero, le requirieron en varias ocasiones su restitución.

La sentencia, cuya ponencia ha correspondido a la magistrada Inocencia Eugenia Cabello Díaz, desestimó el delito de administración desleal que había sido promovido por BBVA. El tribunal consideró que el dinero objeto de apropiación no pertenecía a la empresa Sociedad Integral Canaria, sino a terceros que habían contratado servicios de custodia y depósito con ella.

A pesar de que la defensa del acusado no lo solicitó durante el juicio oral, el tribunal aplicó la atenuante de dilaciones indebidas. Esta decisión se fundamenta en el tiempo transcurrido desde la incoación de la causa en febrero de 2019 hasta la celebración del juicio, que incluyó diversas incidencias en la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otro lado, el tribunal desestimó las alegaciones del acusado sobre la nulidad de actuaciones por supuestos defectos formales durante la instrucción, incluyendo prórrogas anómalas del procedimiento y la presencia de una empleada de la empresa y de la propia Seguridad Integral Canaria como acusación particular y responsable civil subsidiaria.

La sentencia aún puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Contactado por este periódico, Héctor de Armas manifestó su intención de recurrir la decisión 'hasta la última instancia', expresando su convicción de inocencia.