El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen favorable al proyecto de decreto que aprobará el Plan Estadístico de Canarias para el periodo 2026-2030. Sin embargo, el órgano ha introducido varias observaciones importantes relativas a la técnica jurídica del texto y, especialmente, al tratamiento de datos. Aunque la norma se considera ajustada al marco legal vigente, el Consultivo advierte que el decreto no solo aprueba el nuevo plan, sino que también modifica el Decreto 89/2023, regulador de la organización y gobierno de datos con fines estadísticos. Por ello, solicita que esta modificación se refleje explícitamente en el título de la futura norma.

Uno de los ajustes más significativos reclamados se refiere a la reforma del artículo 33. El Consultivo señala que el Gobierno presenta el cambio como una simple modificación del título y la adición de un nuevo apartado, cuando en realidad se está sustituyendo el contenido anterior del precepto, trasladando parte de la regulación de otro artículo y añadiendo una nueva previsión. El órgano consultivo insta a una mayor claridad sobre qué artículos se modifican, cuáles se suprimen y cuál es el alcance real de esta reforma.

El punto más delicado del dictamen concierne al acceso del Instituto Canario de Estadística (Istac) a datos privados contenidos en expedientes administrativos. El Consejo considera confusa la nueva regulación y recuerda advertencias previas de 2023 sobre la necesidad de una cobertura legal robusta para habilitar accesos excepcionales a datos de empresas y entidades privadas mediante una norma reglamentaria. En este nuevo dictamen, se exige delimitar con precisión qué datos pueden ser utilizados, con qué finalidad específica, bajo qué límites y con qué habilitación jurídica, además de asegurar el estricto cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y las normativas sobre secreto estadístico.

El dictamen también incluye dos advertencias adicionales. La primera se refiere a la duración efectiva del Plan Estadístico, que podría ser inferior a cinco años si entra en vigor tras su publicación y finaliza el 31 de diciembre de 2030. El Consultivo pide que esta reducción de plazo quede expresamente motivada. La segunda advertencia afecta al uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático dentro del sistema estadístico canario. El órgano recuerda que la incorporación de estas herramientas debe ajustarse al Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, prestando especial atención a los análisis de riesgos, la transparencia, la trazabilidad, la gobernanza y la supervisión de sus posibles efectos sobre los derechos fundamentales.