Nuria Vera, quien trabajó como cartera motorizada en Telde y Vecindario durante más de veinte años, vio su vida laboral alterada hace dos años. Una avería en su vehículo le provocó una lesión que derivó en atrofia muscular en la cadera, requiriendo el uso de una muleta.

Tras dieciocho meses de baja y un alta médica con limitaciones a finales de 2025, Vera esperaba una adaptación real de su puesto. Sin embargo, fue reincorporada al mismo trabajo motorizado, una situación que calificó de «surrealista» y que la llevó a denunciar su caso ante la Inspección de Trabajo.

Un informe de riesgos laborales posterior estableció restricciones claras: no puede conducir vehículos, levantar más de ocho kilos, caminar más de dos horas al día, subir más de un piso, y necesita descansos periódicos. A pesar de esto, fue trasladada al Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Correos en Las Palmas, en turno de tarde, como agente de clasificación, el nivel más bajo de su categoría, con un salario inferior.

El traslado ha generado un perjuicio personal significativo, ya que Vera debe desplazarse desde Vecindario hasta la capital, un trayecto que puede superar las dos horas. El sindicato UGT ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo el pasado 5 de abril, señalando un «perjuicio grave y desproporcionado» y la falta de adaptación efectiva del puesto.

UGT sostiene que existen puestos alternativos, como reparto peatonal o atención al cliente, que sí se ajustarían al informe médico. Además, denuncian irregularidades en el procedimiento, como la falta de preaviso de quince días para el traslado. El conflicto ha escalado a los tribunales, con Vera manteniendo acciones judiciales contra Correos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).