La organización sindical ha puesto el foco en la gestión interna de los juzgados, advirtiendo que la falta de criterios estables y una sobrecarga desproporcionada están afectando tanto a los trabajadores como a los profesionales del sector, incluyendo abogados y procuradores.
Según los datos aportados por el sindicato, la ratio de apoyo ha sufrido un cambio drástico. Mientras que anteriormente dos auxiliares judiciales daban soporte a un equipo reducido, actualmente deben atender a un volumen de hasta 50 funcionarios y 10 jueces, lo que ha generado un ambiente laboral calificado como tóxico.
“"Se está produciendo una auténtica huida de profesionales, cuyos puestos vacantes están siendo cubiertos por personal interino que, en ocasiones, carece de experiencia suficiente."
El sindicato también ha criticado la reorganización de efectivos en las dependencias judiciales de Las Palmas de Gran Canaria. Denuncian que la asignación de puestos no responde a las necesidades funcionales, sino a criterios de comodidad organizativa, lo que agrava la inestabilidad del sistema.
