La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado la aplicación de una nueva normativa en Canarias que impacta directamente en la movilidad urbana. Los propietarios de patinetes eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que carezcan de un certificado oficial se enfrentan a sanciones económicas que pueden ascender a 610 euros, además de la posible retirada inmediata del vehículo.

Este cambio normativo surge tras la entrada en vigor del Real Decreto 52/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que modifica el Reglamento General de Vehículos. La DGT exige ahora que todos los patinetes eléctricos que circulen por vías urbanas estén inscritos en el nuevo Registro de Vehículos Personales Ligeros y cuenten con un certificado oficial que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos. Estos vehículos también deberán portar una etiqueta identificativa visible.

La normativa afecta especialmente a los usuarios en Canarias que adquirieron sus patinetes antes de 2024 y que aún no disponen de la homologación o certificado de circulación. Los modelos antiguos solo podrán utilizarse durante un periodo transitorio que concluirá el 22 de enero de 2027. A partir de esa fecha, los VMP sin certificado no podrán circular legalmente. El nuevo registro es fundamental no solo para la circulación, sino también para la contratación del seguro de responsabilidad civil exigido por la normativa estatal.

Las sanciones por circular sin registro o sin cumplir la nueva normativa ya se están aplicando en diversas ciudades españolas. Las multas básicas oscilan entre 202 y 610 euros, pudiendo incrementarse hasta 800 o 1.000 euros en casos de reincidencia o gravedad. Adicionalmente, las autoridades tienen la potestad de inmovilizar o retirar el vehículo si se considera que incumple las regulaciones vigentes.

Para verificar si un patinete cumple la normativa, la DGT recuerda que solo se pueden registrar los modelos certificados por laboratorios autorizados. Los usuarios deben comprobar si su vehículo posee el certificado VMP emitido por el fabricante o importador autorizado. El proceso de regularización implica acceder a la sede electrónica de la DGT, identificarse, aportar los datos del VMP, abonar la tasa administrativa y obtener la etiqueta oficial. La DGT subraya que estas medidas buscan mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados al uso de vehículos no homologados, recordando normas ya vigentes como la prohibición de circular por aceras y el límite de 25 km/h.