La propuesta busca dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que invalidó las normativas de 2021 y 2022. Estas medidas restringían la capacidad de los profesionales del sector, ajenos a los municipios de Telde e Ingenio, para recoger pasajeros en las áreas sensibles de la isla.
Desde la formación política subrayan que esta limitación ha afectado durante un lustro a trabajadores de 19 municipios. Asimismo, recuerdan que antes de la crisis sanitaria provocada por la covid, no existían contingentes para operar en el aeropuerto ni en los puertos de La Luz y Las Nieves.
El fallo judicial, que actualmente se encuentra recurrido ante el Tribunal Supremo, sostiene que no es admisible imponer restricciones a la libertad de empresa basándose únicamente en criterios económicos. Además, la sentencia indica que no se ha demostrado que la limitación sea una herramienta eficaz para la gestión del tráfico o del espacio público.
