Tras las alegaciones de Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria de Las Palmas deberá actualizar los estudios de maniobrabilidad, revisar las batimetrías y calados, y presentar un informe actualizado del servicio de prácticos para el proyecto de ampliación del Puerto de Arinaga. El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido esta directriz tras analizar el anteproyecto y las alegaciones presentadas.
Capitanía Marítima de Las Palmas ha señalado que el incremento del tráfico, la reducción del área de maniobra, la cercanía de la zona acuícola GC-6 y la incidencia de vientos fuertes «constituyen un incremento significativo del riesgo operativo». Esta situación, advierten, aumenta la probabilidad de accidentes con vertidos de hidrocarburos o mercancías peligrosas, lo que podría causar graves impactos en el medio marino, la calidad del agua y la instalación acuícola adyacente.
Ante estas advertencias, el Ministerio exige que la declaración de impacto ambiental incluya una evaluación detallada de las interferencias con la instalación acuícola GC-6, con modelos realistas de maniobrabilidad y protocolos específicos. También se requerirá el establecimiento de corredores de navegación seguros con distancias mínimas garantizadas y la consideración de medidas correctoras durante las fases de construcción y operación.
Adicionalmente, se reclama la revisión y aprobación de un nuevo Plan Interior Marítimo. El proyecto deberá justificar que el nuevo acceso al puerto cumple los criterios de la Guía para el diseño de canales y áreas de maniobra y fondeo de la Asociación Internacional de Transporte Marítimo, considerando el ancho del canal, márgenes de seguridad frente a viento, corriente y error humano, velocidades límite, y factores de corrección de riesgo.
El documento de alcance subraya la importancia de analizar las condiciones meteorológicas reinantes, especialmente el viento, como parámetro crítico para determinar el ancho del canal y los márgenes de seguridad. Asimismo, en relación con el riesgo de contaminación, se exigirá la identificación de escenarios de accidente, una matriz de probabilidad-consecuencia centrada en contaminación marina, modelización de derrames y definición de zonas sensibles y tiempos de respuesta.
El estudio de impacto ambiental deberá proponer alternativas que eviten afecciones sobre zonas de protección pesquera, como las praderas de fanerógamas marinas. El Ministerio se hace eco del informe de la Dirección General de Pesca del Gobierno regional, que considera estas afecciones como un impacto crítico sobre las comunidades marinas y severo sobre el medio socioeconómico.
Se priorizarán alternativas orientadas a la reutilización o remodelación de instalaciones actuales para evitar nuevos rellenos, buscando la menor ocupación de la lámina de agua, la reducción del material dragado y la mínima alteración de corrientes y dinámica sedimentaria. También se requerirá una explicación específica sobre las actuaciones previstas en la conducción del vertido Nuevo Emisario del Sureste.
El anteproyecto original de la Autoridad Portuaria proponía una explanada de 75.000 m² en el muelle de Agüimes, una prolongación de 150 metros, un nuevo dique vertical de 490 metros y el dragado de 69.000 m² para alcanzar un calado de 14 metros. La declaración de impacto del proyecto anterior expiró en 2019, lo que llevó a encargar un nuevo estudio y presentar un anteproyecto en 2022.
