El Tribunal de Instancia de la Sección Contencioso-Administrativa ha estimado la petición de ejecución provisional de la sentencia que anuló el cese de Carlos Saavedra Brichis como jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, dictado en 2019. El juez ha concedido un plazo de cinco días hábiles al Ayuntamiento para que resuelva de forma expresa la dimisión de la actual jefa, Carmen Delia Martín Mederos, y otros cinco días para proceder al nombramiento de Saavedra Brichis.
El auto judicial critica la negativa del Consistorio a restituir a Saavedra Brichis, argumentando que la situación actual es "radicalmente diferente" tras la dimisión presentada por Carmen Delia Martín Mederos el pasado 4 de mayo, la cual aún no ha sido resuelta formalmente. El magistrado señala que la Administración pretende "estirar este contexto" e "identificarlo con la situación ya resuelta" mediante la dilación en la oficialización del cese de la actual jefa.
El juez califica la situación de "máxima urgencia", ya que afecta directamente a la dirección de la Policía Local y, por ende, al servicio público prestado a ciudadanos y visitantes. La ambigüedad en la gestión atenta contra el principio de buena administración, al "vaciar el derecho" de Saavedra Brichis a la ejecución provisional de las sentencias favorables.
La resolución judicial subraya que la dimisión de la actual jefa permite ocupar la cúpula policial por un funcionario "que desea el cargo" frente a una "funcionaria cuya aspiración es abandonarlo", sin generar perjuicios de difícil reparación. La reposición de Saavedra Brichis pone fin a una larga batalla judicial iniciada en 2019 tras un informe negativo sobre la implantación de planes de autoprotección durante la cabalgata de carnaval.
Tras un expediente que le atribuyó "manifiesta deslealtad", el cese de Saavedra Brichis fue justificado por pérdida de confianza. Sentencias iniciales en 2020 y 2021 fueron favorables al Ayuntamiento, pero el funcionario recurrió al Tribunal Supremo, que concluyó que su remoción carecía de fundamentación, llevando a la anulación de su destitución a finales de 2024, confirmada por el TSJC en 2026.
