La sentencia, emitida el 30 de abril de 2026, declara ajustada a derecho la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde del 13 de junio de 2024. Con ello, se rechaza la solicitud de la concesionaria, que exigía una indemnización por un supuesto enriquecimiento injusto del consistorio, más los intereses legales correspondientes.
La empresa argumentaba que, desde el inicio efectivo del contrato entre enero de 2020 y octubre de 2023, tuvo que asumir un considerable sobrecoste por el alquiler de la maquinaria y los vehículos necesarios para la prestación del servicio. Según su defensa, al hacerse cargo de la limpieza municipal, no disponía de los medios materiales, ya que la anterior adjudicataria había retirado su equipamiento.
La contratación pública no cubre automáticamente todos los mayores costes que pueda sufrir una empresa adjudicataria durante la ejecución de un contrato.
Sin embargo, el juzgado ha desestimado esta tesis, concluyendo que dichos gastos eran responsabilidad de la propia adjudicataria. La resolución judicial subraya que tanto el contrato como los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas establecían claramente que la concesionaria debía aportar los medios materiales necesarios para el servicio.
El fallo también descarta la existencia de un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento de Telde, al considerar que la obligación de aportar los medios recaía contractualmente en la empresa. Además, se indica que el coste del alquiler de maquinaria no puede incluirse en la revisión de precios ni justificar un reequilibrio económico, ya que se enmarca en el principio de “riesgo y ventura” del contratista.
Este litigio se enmarca en un largo historial de conflictos judiciales que han rodeado el contrato de limpieza de Telde durante más de una década. La UTE había sido adjudicataria inicialmente en 2009, pero el contrato no se formalizó hasta noviembre de 2019, con el servicio comenzando en febrero de 2020, tras años de disputas legales.
