La nueva normativa, que regula la limpieza de espacios públicos y la gestión de residuos municipales, tiene como objetivo principal optimizar la separación y recogida selectiva, eliminar los vertidos incontrolados y reducir la producción de basura en la ciudad.
Entre las obligaciones ciudadanas se incluyen la prevención en la generación de residuos, el depósito segregado en contenedores y papeleras, la reducción del volumen de los desechos, el cierre de las tapas de los contenedores, el cumplimiento de los horarios de depósito y la comunicación de infracciones.
“"Nuestro objetivo es que después de 21 años tengamos una ordenanza moderna, que mejore la calidad de vida y promueva nuevos hábitos en relación con el cuidado de los espacios públicos."
La ordenanza prohíbe diversas acciones como sacudir elementos hacia la calle, abandonar enseres o animales muertos en la vía pública, arrojar papeles o colillas fuera de las papeleras, alimentar animales en espacios públicos, montar casetas de campaña, escupir o realizar necesidades fisiológicas en la calle, lavar vehículos en la vía pública, manipular contenedores, realizar pintadas o fijar carteles fuera de los espacios permitidos, y abandonar deyecciones de animales sin limpiar.
Los conductores deben asegurar que sus vehículos no ensucien la ciudad, especialmente con vertidos de líquidos, y dejar espacio suficiente al estacionar para la limpieza municipal. En caso de accidente, el responsable asumirá el coste de la limpieza. Además, se prohíben las reparaciones de vehículos en la vía pública.
Establecimientos como bares, cafeterías, quioscos, cines, supermercados y tiendas 24 horas están obligados a mantener la limpieza tanto de sus instalaciones como del espacio urbano bajo su influencia, incluyendo aceras y zonas de acceso público. Los solares deben estar vallados y libres de residuos.
La normativa detalla la obligación de separar residuos como envases ligeros, papel y cartón, vidrio, residuos alimenticios, aceites de cocina usados, restos de poda, voluminosos, de construcción y demolición, ropa y calzado, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, y otros residuos peligrosos. También se fomenta la reutilización, la reducción y la minimización del desperdicio alimentario.
Las sanciones por incumplimiento son más severas que en la ordenanza anterior. Las infracciones leves pueden alcanzar hasta 2.000 euros, las graves hasta 100.000 euros, y las muy graves hasta 3,5 millones de euros, buscando un efecto disuasorio ante actos incívicos.
