La decisión del Juzgado de lo Contencioso-administrativo dictaminó que el Consistorio carecía de motivos para destituir a Gutiérrez Triano, quien supuestamente incumplió objetivos y no impulsó la estabilización del personal público municipal. La sentencia condena al Ayuntamiento a pagar los salarios no percibidos desde su despido el 15 de abril de 2025 y abre la posibilidad de su reincorporación.
El Ayuntamiento, sin embargo, discrepa del fallo, afirmando en un comunicado que la sentencia se fundamenta "exclusivamente" en cuestiones de forma que no comparte, y que "no desvirtúa los motivos de fondo que justificaron la decisión". El Consistorio insiste en que los motivos del cese fueron "sólidos y justificados", basándose en una pérdida de confianza y un "grave incumplimiento" de los objetivos.
La sentencia se fundamenta "exclusivamente" en cuestiones de forma, que no comparte, y "no desvirtúa los motivos de fondo que justificaron la decisión".
El Consistorio justificó el cese por el escaso avance en el proceso de estabilización, donde de 1.000 plazas pendientes, solo una había sido resuelta. Esto llevó a considerar "conveniente y necesario" un cambio en la dirección general para impulsar el proceso. Por su parte, Gutiérrez Triano argumentó la ausencia de "objetivos concretos, medibles, reales y probados", y el juez subrayó que su designación como personal directivo no permitía el argumento de libertad de cese, además de rechazar la urgencia de la tramitación.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, criticó la política de personal de la alcaldesa Carolina Darias, señalando que el fallo evidencia un fracaso en la gestión del área de Recursos Humanos. Delgado afirmó que el expediente carecía de motivación material suficiente y que el proceso de estabilización sigue sin concluir, lo que demuestra que el problema no era solo de la exdirectora general.
“"A día de hoy ese proceso [de estabilización] sigue sin concluir y está fuera del calendario legal inicialmente previsto, por lo que es evidente que el problema no era solo de la directora general."
Delgado también recordó otra sentencia reciente que obliga al Ayuntamiento a evaluar al personal municipal y abonar la productividad pendiente con efectos retroactivos desde 2021, lo que representa un coste de unos 11 millones de euros para las arcas municipales, calificándola de "resolución gravísima".
