Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a posibles devoluciones millonarias por cobros de aparcamiento

Una abogada especialista advierte que las liquidaciones de zona azul y verde podrían ser nulas de pleno derecho, abriendo la puerta a reclamaciones masivas.

Imagen genérica de documentos legales y un mazo de juez.
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Imagen genérica de documentos legales y un mazo de juez.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra bajo escrutinio por la posible ilegalidad de unos 100.000 cobros de aparcamiento en zonas azul y verde, lo que podría derivar en devoluciones millonarias.

La abogada Fanny Barreto, experta en la materia, ha señalado que el problema es más profundo de lo que se ha reconocido, afirmando que todas las liquidaciones emitidas por el consistorio son ilegales. La letrada explicó en el programa 'Herrera en COPE Gran Canaria' que el procedimiento tributario aplicado por el Ayuntamiento omite un paso crucial exigido por la ley: la notificación de la propuesta de liquidación. Este trámite permite a los ciudadanos presentar alegaciones antes de que la liquidación sea firme, un derecho que se les ha negado.

"Estamos hablando de muchísimo dinero."

Fanny Barreto · Abogada
La omisión de este paso no es un error menor, ya que, según Barreto, convierte todas las liquidaciones en “nulas de pleno derecho”. Esto implica que incluso los actos que se consideraban firmes pueden ser anulados, dado que la irregularidad es de tal gravedad que “no han prescrito”. En consecuencia, los ciudadanos afectados tienen la posibilidad de iniciar procedimientos para reclamar la devolución de los importes abonados, que en muchos casos ascienden a miles de euros por persona.
La situación se agrava al considerar que el Ayuntamiento tenía conocimiento de esta ilegalidad desde el año 2021. En ese momento, el Tribunal Económico Administrativo ya había dictaminado que el procedimiento era contrario a la ley. A pesar de ello, la práctica continuó, “aun a sabiendas de que lo estaban haciendo mal”, según la abogada, quien asegura tener pruebas de este conocimiento previo por parte de la administración.

"A mí la palabra prevaricación administrativa me viene mucho a la cabeza."

Fanny Barreto · Abogada
Ante las posibles consecuencias penales de actuar con conocimiento de la ilegalidad, Barreto no dudó en mencionar la “prevaricación administrativa”, sugiriendo que los responsables municipales podrían haber incurrido en un delito. La abogada recomienda a todos los afectados presentar un recurso administrativo individual ante el propio Ayuntamiento, mostrando escepticismo ante la revisión de oficio anunciada por el consistorio, la cual considera una “propaganda”.
Las probabilidades de éxito en estas reclamaciones son altas. Fanny Barreto ha confirmado que de los cinco procedimientos que ha iniciado, ya cuenta con “dos resoluciones firmes” a su favor. Además, denunció el impacto humano de los embargos, que en ocasiones se ejecutaron “incumpliendo la ley” al afectar a personas sin ingresos mínimos, a quienes Hacienda les retenía el dinero.