Con este abono, se pone fin a una reclamación que se remonta a 1992 y que ha supuesto un desembolso total de casi 45 millones de euros para la ciudad. El conflicto se originó por la gestión de los servicios de saneamiento y depuración, que quedaron fuera del contrato inicial con Emalsa en 1992.
La empresa reclamaba pérdidas acumuladas desde 2014, derivadas de la aplicación de tarifas que no cubrían los costos del servicio. Estas reclamaciones abarcan varios periodos, sumando un total de 5,36 millones de euros (2014-2016), 13,27 millones (2017-2021) y 14,97 millones (2022-2023).
La situación se agravó con el incremento de los volúmenes tratados y la aplicación de nuevos precios, fijados judicialmente en 0,41 euros por metro cúbico en 2017 y 0,66 euros en 2022. La deuda de 2024 ascendía a 8,01 millones de euros, y las facturas de 2025 sumaban 2,04 millones.
El pago de los 9 millones de euros reconocidos este jueves por la comisión de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica busca no solo liquidar el principal de la deuda, sino también minimizar posibles reclamaciones por intereses de demora.
A partir de ahora, la nueva estructura tarifaria, aprobada en agosto de 2025, permitirá repercutir gradualmente los incrementos de costes a los usuarios, eliminando la situación de transitoriedad de 26 años en el contrato de alcantarillado. Se prevé un plan plurianual de tarifas hasta 2029.
Además, se abonarán 148.297 euros por la tasa de depósito de lodos de diciembre de 2024. Esta obligación proviene de una tasa impuesta por el Cabildo de Gran Canaria en 2013, que generó sobrecostes no previstos para Emalsa y derivó en sentencias favorables a la empresa y nuevas reclamaciones por el aumento del coste por tonelada de lodo.
