Los residentes del Barrio Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria llevan tres años exigiendo la puesta en funcionamiento de 900 plazas de garaje que actualmente se encuentran inutilizadas. El abandono se debe a la falta de mantenimiento y a problemas de seguridad, como bases de pilares dañados, extintores caducados o inexistentes y puertas de emergencia rotas.

Según detalla Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico, estas plazas corresponden a tres edificios residenciales construidos hace aproximadamente 30 años. La movilización vecinal busca que las administraciones implicadas, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la empresa pública Sagulpa, asuman la competencia para su explotación.

El líder vecinal explica que el Gobierno de Canarias dejó de realizar el mantenimiento regular de los garajes. Posteriormente, una inspección municipal determinó que el espacio no cumplía las condiciones de seguridad necesarias, lo que llevó a su clausura. Desde entonces, los vecinos enfrentan dificultades diarias para encontrar aparcamiento en la calle, viéndose obligados en muchos casos a desplazarse a otras zonas como Siete Palmas.

Recientemente, el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, visitaron la zona. Se produjo un compromiso para estudiar el traspaso de competencias, aunque los vecinos reclaman celeridad para abordar las adaptaciones de seguridad.

Las estimaciones vecinales sugieren la entrega de los garajes en régimen de concesión a Sagulpa por 40 o 50 años. La propuesta contempla la venta de algunas plazas por un valor estimado de entre cinco y seis mil euros, y el alquiler de otras por unos 25 o 30 euros mensuales, lo que consideran una solución viable al problema de aparcamiento.

Las instituciones implicadas muestran consenso, pero aún no hay fecha para la ejecución del acuerdo, a la espera de estudios sobre las condiciones de los inmuebles. El Ejecutivo regional deberá primero desalojar los aparcamientos, que actualmente tienen otros usos. Sagulpa está elaborando un proyecto técnico y un estudio de mercado para adaptar las instalaciones a las normativas actuales de seguridad, que llevan dos décadas cerradas.

La actuación se realizará paulatinamente, comenzando por el aparcamiento que sea más fácil y económico de rehabilitar. El estudio de mercado de Sagulpa busca definir potenciales usuarios y tarifas adecuadas al nivel económico de la zona.