La seguridad ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria se ve comprometida por una "parálisis administrativa" que afecta tanto a la Policía Local como a los Bomberos. Según el portavoz del sindicato USPB, Víctor García, la ciudad sufre un "efecto embudo" donde la falta de ejecución de licitaciones deja a los agentes sin herramientas básicas para patrullar.
La movilidad de los agentes es uno de los puntos más críticos. El contrato de renting de vehículos patrulla está a punto de expirar, generando incertidumbre sobre la disponibilidad de unidades. A esto se suma la obsolescencia de los equipos de radio, a la espera de una licitación de 400 nuevas emisoras que, según el sindicato, debió priorizarse hace años para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio.
“"Si nos anulan el renting y nos quitan los vehículos, pues nos quedamos prácticamente en mínimos."
La situación de los dispositivos Taser es especialmente alarmante. A pesar de su anuncio de compra, la falta de formación reglada impide su uso legal por parte de los agentes. Actualmente, solo hay cuatro dispositivos disponibles para toda la plantilla, muchos de ellos con problemas de batería o averiados, lo que imposibilita su uso efectivo en servicios ordinarios.
“"Tener 4 tasers para 500 agentes es una burla."
Las infraestructuras también presentan deficiencias. La ciudad carece de un campo de tiro propio operativo; las obras de una nueva instalación, que costaron dos millones y medio de euros, sufren dos años de retraso por errores técnicos. Esto obliga a los policías a desplazarse a Santa Lucía de Tirajana para realizar sus prácticas de tiro obligatorias.
La plantilla de la Policía Local presenta una pirámide de edad preocupante. Mientras se producen jubilaciones, la incorporación de nuevos efectivos es lenta: 45 agentes han terminado sus prácticas y esperan nombramiento, y otros 57 comenzarán la academia a finales de año, sin estar operativos hasta 2027. Esta carencia de medios coincide con un repunte de la agresividad en las calles, con intervenciones cada vez más peligrosas.
A la crisis de medios se suma la económica, con deudas pendientes del Ayuntamiento por jornadas de productividad desde noviembre. El sindicato reclama una planificación real a cuatro años para dotar a la ciudad de un plan de seguridad serio.
