La Fundación Puertos de Las Palmas ha respondido a la auditoría de Puertos del Estado, rechazando la liquidación planteada y negando la existencia de irregularidades tanto en las contrataciones como en el nombramiento de su gerente. En un escrito de dación de cuentas, la entidad argumenta que el informe no ha tenido en cuenta la documentación aportada, las medidas correctoras ya implementadas y el contexto de "abandono y parálisis" que, según afirman, heredó la nueva gerencia en marzo de 2025. Señalan que la fundación se encontraba alejada de sus fines fundacionales, sin actividad en formación, investigación o promoción marítimo-portuaria, y con procedimientos obsoletos, deudas pendientes y carencias laborales, contables y administrativas.
Frente a esta situación, la fundación asegura haber puesto en marcha un plan de choque que incluye la liquidación de deudas, la recuperación de ingresos, la presentación de un Plan de Actuación, la regularización fiscal y laboral, y la recuperación técnica del edificio. Respecto a la contratación de la gerente, Betsabé Morales, defienden que se realizó conforme a los estatutos, con el acuerdo de la Junta Directiva y la ratificación del Patronato. También niegan irregularidades sustanciales en contratos menores, indemnizaciones y patrocinios, atribuyéndolos a necesidades imprevistas o incidencias ya subsanadas.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, reconoció un "cierto malestar" en la fundación, ya que consideran que las justificaciones y alegaciones presentadas no se reflejaron adecuadamente en el informe de auditoría, solicitando una nueva revisión de algunos aspectos. Calzada indicó que está pendiente una reunión de coordinación con Puertos del Estado para analizar las observaciones y determinar las actuaciones correctoras necesarias, garantizando la disposición de ambas entidades a adoptar las medidas que se indiquen.
Calzada también defendió la gestión reciente de la Fundación, destacando su reactivación y reiterando la necesidad de modificar su naturaleza jurídica para salir del sector público. "Esto tiene que servirnos como una oportunidad para retomar firmemente ese camino", concluyó. Por su parte, Betsabé Morales restó gravedad a las incidencias detectadas, como los contratos realizados por un céntimo menos que el máximo permitido para contratos menores, defendiendo la transparencia de la gestión. "No hay nada grave", afirmó, explicando que las auditorías sirven para identificar mejoras y que ya existe un plan de actuación para regularizar las cuestiones señaladas. Morales expresó sentirse "frustrada" y considera que la fundación se ha convertido en un "arma política", surgiendo la polémica precisamente cuando la entidad "está demostrando la importancia que tiene para la comunidad portuaria".
