El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está ultimando la conversión del Servicio Municipal de Limpieza en una empresa pública, que operará bajo el nombre de Sociedad Municipal de Higiene Urbana. Este cambio de figura jurídica ha generado preocupación entre los comités de empresa, quienes advierten de una posible privatización encubierta de un servicio que fue recuperado para la gestión pública en los primeros años de la democracia y consolidado en su modelo actual en 1985.
Desde el gobierno municipal, liderado por Carolina Darias, se defiende que la creación de una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal es la opción más adecuada. Según un comunicado emitido recientemente, esta fórmula permitirá una mejor planificación, agilizará los trámites administrativos y reforzará la capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudad.
Sin embargo, el personal de Limpieza ha expresado su temor, convocando huelgas y manifestaciones para los próximos días 26 de julio y 31 de julio. Un representante laboral describió lacónicamente la situación, manifestando: «Echamos de menos al viejito», en referencia a Juan Rodríguez Doreste, figura histórica del socialismo municipal.
El organismo de higiene urbana de la capital grancanaria se remonta al mandato de 1983-1987, con un PSOE en mayoría absoluta. La municipalización del servicio se produjo tras arrebatar la gestión a manos privadas, concretamente a FOCSA (precursora de FCC), empresa que actualmente ostenta gran parte de las contratas privadas en el consistorio. Aquella intervención municipal estuvo marcada por la sustracción de documentación y la denuncia de irregularidades en las retribuciones de directivos.
Tras años de gestión directa, en 1985 se creó el Órgano de Gestión del Servicio Municipal de Limpieza. Su primer responsable, José Francisco 'Caco' Henríquez, señaló entonces que el servicio, antes una contrata, era una 'unidad de gasto' que requería una administración y gestión adecuadas, descartando la creación de una empresa en ese momento.
Actualmente, los empleados critican la falta de participación en una mesa de diálogo sobre la transición y la ausencia de estudios que fundamenten la viabilidad de la nueva fórmula. Tampoco se les garantizan la continuidad de sus puestos de trabajo, de una plantilla teórica de 1.100 trabajadores con solo 417 plazas cubiertas.
El Ayuntamiento asegura que la propuesta contempla el mantenimiento del empleo público y la subrogación de derechos y obligaciones, garantizando la continuidad de la plantilla y sus condiciones laborales. No obstante, la nueva empresa podría seguir un modelo similar a otras entidades municipales como Sociedad de Promoción y Geursa, que han enfrentado controversias financieras.
Los trabajadores del Servicio de Limpieza seguirán adelante con los paros convocados para los plenos del 26 y 31 de julio, que incluirán movilizaciones en la plaza de Santa Ana. Se unirán a ellos los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, quienes también denuncian precariedad laboral, falta de personal y deterioro de las condiciones de trabajo.
Ambos colectivos exigen estabilidad laboral, el fin de la precariedad, mejora de las condiciones y plantillas suficientes para garantizar un servicio público de calidad. Los representantes de Limpieza se mostraron sorprendidos por un comunicado del Ayuntamiento que anunciaba un proceso de diálogo, indicando que la reunión convocada fue breve y centrada en los servicios mínimos, sin llegar a acuerdos.
A pesar de las discrepancias, los paros y movilizaciones durante los plenos municipales siguen en pie, con una larga lista de agravios que, según los comités de empresa, han minado la confianza en los actuales marcos de diálogo.
