El importe total de estos proyectos asciende a 456,66 millones de euros. Según la organización, esta situación se debe a que las administraciones públicas mantienen licitaciones con presupuestos que se sitúan por debajo del precio de mercado, lo que desincentiva la participación de las empresas.
La problemática se ha intensificado durante el primer semestre de 2026, periodo en el que el valor de las obras sin adjudicar alcanzó los 259,19 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 32 % respecto a los 197,47 millones registrados durante la totalidad del ejercicio anterior.
El desglose por administraciones indica que las entidades locales concentran la mayor parte del volumen afectado, con más de 315 millones de euros en proyectos desiertos. Por su parte, el Gobierno de Canarias acumula más de 105 millones de euros en licitaciones que no han logrado atraer aspirantes.
La patronal advierte que, además de la falta de interés en nuevos concursos, existe un riesgo para la viabilidad de contratos ya adjudicados debido al encarecimiento de los costes de ejecución. Asimismo, señalan una reducción en la competencia, ya que en el 36 % de las licitaciones solo se presenta un único licitador.
