La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto a sindicatos, colectivos por la discapacidad y organizaciones sociales, convocó protestas simultáneas en las cuatro capitales canarias. El objetivo principal fue denunciar las carencias del sistema educativo y reclamar una respuesta inmediata del Gobierno regional.
Bajo lemas como 'Inclusión real ya' y 'los derechos no se recortan', centenares de familias, docentes y ciudadanos visibilizaron la problemática que afecta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Los organizadores defendieron que la educación inclusiva es una "obligación legal" y no solo un "discurso".
No sobran niños. Faltan recursos
El manifiesto leído en las concentraciones denunció la falta de personal de apoyo, especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), orientadores, auxiliares educativos y sanitarios. Se exigió la creación de plantillas estables para garantizar una atención continuada.
Se alertó sobre situaciones frecuentes como estudiantes sin apoyos necesarios, profesorado sobrecargado, retrasos en valoraciones psicopedagógicas, familias que deben defender solas los derechos de sus hijos y problemas de accesibilidad en las infraestructuras.
Otra reivindicación clave fue que los profesionales de PT y AL dejen de ser itinerantes entre centros, para así ofrecer una atención más eficaz. También se reclamaron programas permanentes de formación especializada y criterios unificados de atención a la diversidad.
La protesta también puso el foco en la mejora de infraestructuras para garantizar el acceso, la comunicación y la participación en igualdad de condiciones. "La accesibilidad no es un extra; es parte del derecho a la educación", señalaron los portavoces.
Se reclamó una inspección educativa más activa para velar por el cumplimiento de la normativa y la protección de los derechos del alumnado, rechazando cualquier forma de segregación o exclusión derivada de la falta de recursos.
La jornada concluyó con un llamamiento a la unidad de toda la comunidad educativa para mantener la movilización por una educación pública "digna, inclusiva y con recursos suficientes", advirtiendo que esta protesta es el inicio de una campaña para centrar el debate público en la inclusión educativa.
