La nueva normativa modifica el régimen de publicidad activa para las corporaciones públicas canarias. La Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, sustituye el catálogo específico de la anterior Ley 8/2015 por el régimen general de la Ley 12/2014, de transparencia y acceso a la información pública.
Esta unificación normativa también afecta a los ayuntamientos canarios y sus entidades dependientes, que ven modificados sus mapas de obligaciones. Como resultado, 15 obligaciones específicas para los cabildos pasan a ser voluntarias, mientras que se incorporan 18 nuevas obligaciones del régimen general de transparencia autonómico, incrementando el total en tres.
Los ayuntamientos también adquieren 20 nuevas obligaciones, dos más que antes, al pasar 18 de cumplimiento obligatorio a ser recomendaciones voluntarias. Entre las novedades destacan la publicación obligatoria de acuerdos con sindicatos y organizaciones empresariales, listas de contratación de personal, indemnizaciones por dietas y gastos de viaje de cargos públicos, programas legislativos, cartas de servicios, contratos de campañas publicitarias, inventario de bienes y derechos, prórrogas de contratos, convenios y sus adendas, encomiendas de gestión, subvenciones sin concurrencia pública, instrumentos de ordenación territorial, información estadística y datos frecuentemente solicitados.
Para facilitar la adaptación, el Comisionado ha enviado a las administraciones relaciones actualizadas de las obligaciones vigentes desde el 30 de junio de 2026. Asimismo, recuerda a los cabildos la importancia de mantener el portal de transparencia insular conforme al artículo 94 de la Ley 3/2026, asegurando el cumplimiento de todas las entidades de su sector público.
El Comisionado de Transparencia de Canarias reafirma su compromiso de apoyo y asesoramiento a las administraciones públicas para una aplicación homogénea de la normativa y el refuerzo de la transparencia institucional.
