Una administrativa se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y seis meses de prisión por presuntamente apropiarse de 63.589,62 euros pertenecientes a comunidades de propietarios en Las Palmas de Gran Canaria. La acusada habría realizado 31 transferencias bancarias desde los fondos de los inmuebles afectados a cuentas de su titularidad, un fraude que se prolongó durante más de un año.
El método empleado consistía en camuflar los movimientos bancarios utilizando como concepto nombres de empresas proveedoras habituales de servicios para los edificios. De esta forma, la investigada intentaba evitar levantar sospechas entre los propietarios y administradores, logrando mantener el engaño hasta su despido.
Fue tras la extinción de su relación laboral con la empresa gestora cuando las auditorías y reclamaciones de saldos revelaron el desfalco. La empresa para la que trabajaba la acusada, como responsable subsidiaria, ha tenido que asumir el pago íntegro del dinero sustraído para garantizar que los vecinos no perdieran sus fondos.
Para hacer frente a este desembolso, la gestora solicitó un préstamo bancario de 40.000 euros, lo que generó 6.009,08 euros adicionales en intereses y una comisión de 200 euros. Hasta la fecha, la procesada solo ha devuelto 5.000 euros.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas reclama que la acusada indemnice a la entidad con un total de 69.798,70 euros en concepto de responsabilidad civil, una cifra que engloba el dinero desviado de las comunidades y los gastos financieros derivados del préstamo que la empresa tuvo que pedir.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público solicita una multa de diez meses con una cuota diaria de 20 euros. El caso, que ha generado gran preocupación en el sector de la administración de fincas en el archipiélago, será juzgado próximamente en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
