La reciente salida de la anterior responsable de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha sido vista por los sindicatos como una oportunidad para reorientar la gestión del cuerpo. Las organizaciones sindicales han solicitado al Ayuntamiento que elija un perfil dialogante y comprometido con la modernización del servicio, que ha estado marcado por la conflictividad y la escasez de medios.
La sucesión en la jefatura aún no tiene fecha definida, influenciada por la organización del dispositivo de seguridad para la visita de una figura religiosa a la ciudad. Además, existe la posibilidad de que el anterior responsable sea restituido en su cargo, una cuestión que está pendiente de resolución judicial tras la anulación de su cese en 2019.
“"Exigiremos a la nueva jefatura que se realice una gestión donde prime el respeto a los acuerdos y a su aplicación, se trate al personal con equidad y se priorice la organización interna."
Desde la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB), se ha enfatizado la necesidad de priorizar la apertura de la galería de tiro, la formación en el uso de táser y la implementación de un software de gestión personal integral. También se ha destacado la importancia de fortalecer los procesos de adquisición de medios con personal técnico especializado.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha subrayado la importancia de una conexión fluida entre los sindicatos y la jefatura, criticando la falta de transparencia en el pasado sobre asuntos como el acceso a unidades o el reparto de productividad. Han insistido en la necesidad de una modernización real del cuerpo, lamentando la pérdida de acceso a datos vitales para la función policial en los últimos años.
“"El cuerpo ha retrocedido durante estos años en material y en la organización del personal."
Por su parte, Comisiones Obreras (CC OO) ha demandado una mayor conciencia por parte de la nueva dirección sobre los problemas reales del cuerpo y una mayor transparencia en la organización del trabajo. Proponen una reestructuración que incluya el refuerzo de la policía en los distritos, la incorporación de más personal y una mejor gestión del parque móvil.
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos ha solicitado a la nueva jefatura templanza y ha ofrecido la colaboración sindical para resolver los numerosos frentes abiertos. Han hecho un llamamiento a una relación fluida y abierta a las aportaciones de la parte social, con especial atención a los agentes de movilidad.
Desde la oposición, el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha calificado la dimisión de la anterior jefa como el resultado de una política de seguridad “caótica e improvisada” durante 11 años. Han señalado que esta situación abre una crisis en un servicio esencial en un momento crítico para la seguridad de la capital.
“"No falla la Policía Local, sino que falla el gobierno municipal."
La portavoz popular ha recordado que Las Palmas de Gran Canaria cerró 2025 con un incremento de infracciones penales, incluyendo un aumento significativo de homicidios y robos con violencia. También ha denunciado la “pírrica” cadena de mando, con solo 474 plazas cubiertas de las 677 existentes y una escasez de inspectores, lo que considera una estructura insuficiente para una ciudad de casi 400.000 habitantes.
Además de la falta de personal, el PP ha mencionado la ausencia de habilitación para pruebas de drogas, la insuficiencia de táser y el retraso en el pago de horas extraordinarias. Han exigido explicaciones al gobierno municipal sobre la situación y un plan claro para cubrir mandos, completar la plantilla y devolver la seguridad a los barrios.
Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento ha exigido al gobierno municipal que “deje de improvisar” en seguridad, tras un “varapalo judicial” por el cese del anterior comisario y la reciente dimisión. Ha criticado que la seguridad de la ciudad no puede funcionar a base de “parches, ceses, recursos y renuncias”.
El portavoz nacionalista ha recordado que la Justicia anuló el cese del anterior jefe de la Policía Local, concluyendo que no había pruebas para justificar su destitución. Ha lamentado que, en lugar de aprender de este error, el gobierno haya acumulado conflictos hasta la situación actual, que considera un “grave problema estructural” en el área de seguridad.
