La situación ha generado que algunos usuarios frecuentes, como un trabajador nocturno que depende del taxi, se vean impedidos de solicitar nuevas unidades tras incidentes donde, por error, tomaron otro vehículo o cancelaron un servicio. Este usuario, que estima haber gastado una cantidad considerable en la emisora, fue bloqueado por un malentendido, lo que le llevó a optar por taxistas locales.
“"Soy un usuario frecuente y, por un error, me bloquearon."
Otro caso similar involucra a una usuaria que solicitó dos taxis y, al percatarse de que uno no era de la emisora, fue bloqueada inmediatamente. Una tercera persona experimentó una situación más delicada al intentar cancelar un taxi para llevar a su compañera de piso a urgencias, encontrándose posteriormente con la imposibilidad de solicitar nuevos servicios hasta abonar el trayecto cancelado.
Desde la cooperativa de taxis Taragranca, un portavoz explicó que la medida se aplica desde hace años para evitar que los conductores pierdan viajes y fomentar el buen uso del servicio. Se aclaró que la solicitud de abonar la bajada de bandera no tiene un fin recaudatorio, sino preventivo, y que en casos de urgencia médica demostrada, la sanción no se aplica. Actualmente, el pago de esta sanción debe realizarse en persona en las oficinas de la cooperativa, aunque se trabaja en métodos más ágiles como Bizum.
“"Abonar la bajada de bandera no tiene un objeto recaudador."
La cooperativa también contempla futuros cambios como el cobro por adelantado o el bloqueo de una cantidad en la tarjeta, similar a los alquileres de coches, aunque esto requeriría modificaciones en las ordenanzas y reglamentos autonómicos. Además, se destacó que los propios conductores también pueden ser sancionados por rechazar servicios o no acudir a recoger a los clientes.
El Ayuntamiento ha señalado que no es propietario ni responsable de la emisora, pero ha recomendado a las cooperativas mejorar la información previa para que los usuarios conozcan las consecuencias de no utilizar un servicio precontratado. Esta práctica de bloqueo, aunque habitual en otras emisoras del país, suele ser temporal.
Paralelamente, el sector del taxi en la isla se enfrenta a una batalla judicial con las licencias VTC. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria admitió el pasado 16 de abril un recurso de una filial de Cabify contra la negativa de la Consejería de Movilidad Sostenible a conceder autorizaciones VTC. Este litigio se suma a otros procedimientos en curso, cuestionando el modelo actual que limita las licencias VTC a una por cada 30 taxis, con un máximo de 102 en Gran Canaria.
