La controversia se ha intensificado en las últimas 48 horas, con medios de comunicación peninsulares y periodistas criticando al Gobierno de Canarias y a su presidente por expresar dudas y finalmente rechazar la gestión del brote vírico en el MV Hondius por parte del Gobierno central.
Esta situación ha llevado a comparaciones con comportamientos de otros gobiernos autonómicos, sugiriendo que la postura canaria es “grotesca” y que no debería actuar como un “gobierno hooligan” frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
“"Es perfectamente normal e incluso necesario lo que ha estado haciendo la administración autonómica en la última semana: exigir no solo información, sino participar en la toma de decisiones consensuadas desde el respeto de los roles competenciales de cada cual."
El Gobierno de Canarias ha defendido su derecho a exigir información y a participar en la toma de decisiones, argumentando que esta es una prerrogativa clara en el texto regulador de la Agencia Estatal de Salud Pública, que aún no ha sido puesta en marcha.
La administración autonómica ha recordado su “generosidad continuada y sistemática” con las víctimas de la inmigración y los menores no acompañados, así como el impacto del crecimiento poblacional en las islas durante los últimos veinte años, que ha tensionado los servicios públicos y elevado las tasas de desempleo.
Este episodio se interpreta como una “ruptura de confianza institucional” que, según fuentes cercanas al gobierno autonómico, “tendrá consecuencias” en las relaciones entre ambas administraciones.
